La Comisión denunciará al BCE y al BEI por ignorar las leyes antifraude

La Comisión Europea decidió ayer presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) contra el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) al considerar que ambas instituciones no aceptan la aplicación de las leyes antifraude comunitarias, que incluyen la capacidad investigarlas. Es la primera decisión de este tipo adoptada por el Gobierno de la Unión Europea contra las instituciones financieras de la UE. Tanto el BCE como el BEI argumentan su independencia para rechazar ser sometidos a investigación.

El Ejecutivo comunitario anunció la medida en un comunicado de los comisarios de Presupuesto, Michele Schreyer, y de Economía y Finanzas, Pedro Solbes, difundido ayer, en el que se da cuenta de que las dos entidades no aceptan la potestad de la Oficina Antifraude (OLAF) de la UE para que puedan ser objeto de una investigación.

"La Comisión tiene el deber de asegurar la aplicación de la ley antifraude europea", señala la nota oficial emitida por el Ejecutivo comunitario, en la que se destaca "un total acuerdo con la independencia del BCE y del BEI".

Interpretación jurídica

Según señaló el portavoz de Pedro Solbes, la decisión se adoptó al no haber acuerdo en la "interpretación jurídica" que ambas instituciones hacen de la reglamentación establecida en la UE para luchar contra el fraude.

Tanto el BCE, que es la máxima autoridad monetaria entre los países que forman el euro, entre ellos España, como el BEI, que canaliza los préstamos que concede la UE, consideran que su actuación se adecua a las normas establecidas y han argumentado su independencia para rechazar ser sometidos a investigación.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo aprobaron el pasado año la creación de una Oficina Antifraude (OLAF) en la Unión, e introducir una reglamentación comunitaria que, en principio, afecta a todas las instituciones, oficinas y agencias de la Unión Europea.

El artículo IV de dicha reglamentación obliga a cada una de las instituciones y agencias de la Unión Europea a adoptar las decisiones necesarias para hacer efectiva la aplicación de dichas reglas antifraude.

El Banco Central Europeo, en una decisión de su Consejo de Gobernadores del pasado 7 de octubre de 1999, no reconoció explícitamente la competencia de la Oficina Antifraude de la UE.

El Banco Europeo de Inversiones adoptó una postura similar el día 16 del pasado mes de noviembre de 1999. Ante esta actuación, y transcurridos los dos meses que tenía de plazo máximo para actuar, la Comisión Europea adoptó ayer la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que intervenga en este asunto.