El juicio de Intelhorce se suspende para deliberar sobre su traslado a Madrid
El juicio de Intelhorce quedó ayer suspendido hasta el 24 de enero. El motivo es que el tribunal debe decidir sobre su propia competencia para juzgar el caso, ya que la mayor parte de las defensas considera que la vista debe celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid o en la Audiencia Nacional. Este debate ha ocupado las dos primeras sesiones del juicio. Ayer intervinieron los abogados de la acusación y el fiscal, que defienden que el caso siga en manos de la Audiencia Provincial de Málaga. El juez comunicará su decisión en el día señalado para la reanudación del juicio.
Casi todos los abogados defensores personados en el caso Intelhorce, excepto el letrado del principal imputado, el empresario italiano Giovanni Orefici, defendieron el lunes, en la primera sesión del juicio, la conveniencia de que éste se celebre en la Audiencia Provincial de Madrid o en la Audiencia Nacional, alegando que los delitos que llevan aparejada una pena mayor -la malversación y la falsedad en documento- se cometieron en esta ciudad.Sin embargo, ayer los abogados de la acusación y el fiscal usaron su turno de palabra en el debate de las cuestiones previas para defender todo lo contrario. Antonio Urdiales, abogado de la acusación particular (la Asociación de Damnificados por Intelhorce y el ex diputado autonómico José Egea) utilizó el lunes la maniobra de retirar la acusación por malversación de caudales contra el ex gerente de Intelhorce, Diego García Morales, y contra el abogado del estado Miguel Crespo para evitar el traslado del caso.
Ayer, Urdiales fue aún más lejos: retiró también la acusación de malversación de caudales que mantenía contra el director del Banco Herrero, Miguel Rodríguez, y el apoderado del Barklays Bank en Gibraltar, Wilfred Charles Pérez, y contra "todos los imputados sobre los que pesara esta acusación". Con este movimiento, el abogado pretendía desmontar el argumento de la defensa de que el juicio se debe celebrar en Madrid porque allí fue donde se cometió el delito que lleva aparejada una pena mayor.
Apropiación indebida
Sin embargo, la maniobra de la acusación particular no fue el único argumento a favor de que el caso permanezca en la Audiencia de Málaga. La fiscal del caso apuntó que el delito más grave que se juzga en el caso Intelhorce es el de la supuesta apropiación indebida de la textil por parte de Orefici, y que este delito se cometió en Málaga.
Ante la petición de varios defensores de que la Audiencia Nacional se pronunciase sobre si es competente para juzgar el caso, la fiscal respondió que esto supondría una "falta de pragmatismo", porque la Audiencia Nacional podría rechazar el caso provocando que la decisión recayera finalmente en el Tribunal Supremo, lo que dilataría aún más la celebración del juicio.
El abogado del Estado no quiso pronunciarse sobre si es mejor que el juicio se celebre en Madrid o en Málaga, aunque sugirió que "desde un punto de vista operativo y para evitar nulidades posteriores, tal vez fuera mejor inhibirse para que el Tribunal Supremo resuelva". Tanto él como algunos de los letrados de la acusación y la defensa pidieron "un juicio rápido, válido y eficaz". Ayer se conoció también el fallecimiento de un acusado, Miguel González, empresario que estaba siendo juzgado en rebeldía.
