El testimonio de Vera reabre el juicio por la muerte de Lasa y Zabala
El ex secretario de Interior está acusado de encubrir a los autores
El juicio por el asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983 se reanuda este martes con el interrogatorio del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por delito de encubrimiento. Vera, al igual que el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote, está acusado de ocultar, entre 1991 y 1994, los hechos y a los autores del secuestro, torturas y asesinato de los citados etarras.
Según el fiscal, el Ministerio del Interior, ante las quejas de los policías y guardias civiles de que no tenían una efectiva defensa jurídica cuando eran juzgados en el País Vasco por delitos de torturas, decidió en 1983 poner a Argote al frente del Departamento de Servicios Jurídicos. El equipo de Argote se hacía cargo de la defensa de los agentes no sólo en los casos de torturas, sino también en otros procedimientos, y así asistió como abogado defensor a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo -los acusados como autores materiales del crimen- en varios procesos penales por delitos de robo, torturas, cohecho y amenazas, en los que luego resultaron condenados.Argote supo también que como consecuencia de esas condenas Dorado y Bayo iban a ser expulsados de la Guardia Civil, por lo que tenían previsto denunciar la actuación de sus superiores en el caso Lasa-Zabala, si éstos no les ayudaban. El abogado, según el fiscal, comunicó la situación a Rafael Vera, quien, a cambio del silencio de ambos, adoptó varias medidas que les beneficiaron entre 1991 y 1994.
Bayo fue enviado a Estados Unidos, donde siguió un curso de piloto que costó seis millones de pesetas, abonado con fondos de Interior. A su regreso, y debido a la depresión que padecía, estuvo en tratamiento psiquiátrico en la clínica López Ibor, terapia financiada de igual forma.
Inestabilidad
No obstante, y dada la inestabilidad emocional de Bayo, ante el temor de que pudiera relatar lo ocurrido a los facultativos que le atendían, Argote solicitó al entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que gestionase su ingreso en el Hospital Psiquiátrico Militar, a pesar de que Bayo ya había sido expulsado del instituto armado. Roldán, por orden de Vera, entregó a los padres de Bayo dos millones de pesetas procedentes del presupuesto de Acción Social de la Guardia Civil, que se nutría de fondos de la imprenta de la Asociación de Huérfanos del cuerpo.
Respecto a Dorado, Argote utilizó sus relaciones con el Ministerio de Defensa para lograr que tanto a él como a Bayo, a pesar de haber sido expulsados de la Guardia Civil, se les asignara una pensión que, según el fiscal, "resultaba, a todas luces, desorbitada". Ambos continúan en la actualidad cobrando pensiones del 200% del sueldo que percibían cuando estaban en activo.
Tanto Vera como Argote han negado los hechos.
A partir del día 13 comienzan a declarar los testigos: los primeros, tres personas que habían quedado citados con Lasa y Zabala en Bayona el día de su desaparición. Después, los hermanos de los dos etarras; la locutora de la Cadena SER en Alicante que el 21 de enero de 1984 recibió la llamada telefónica por la que los GAL reivindicaron las muertes de Lasa y Zabala, y el cazador que encontró los restos mortales en la Foya Coves de Busot (Alicante).
