SOS Racisme denuncia la xenofobia de varias fiscalías y registros civiles

La Delegación del Gobierno en la Comunidad mantiene una "campaña represiva" contra los matrimonios entre nacionales y extranjeros ilegales o sin papeles, según SOS Racisme. Esta entidad extiende las acusaciones de xenofobia, además de la institución que dirige Carlos González Cepeda, a fiscalías y registros civiles porque "obstaculizan coordinadamente" estas uniones con la excusa de evitar bodas de conveniencia para obtener la ciudadanía española. SOS Racisme anunció ayer que denunciará a los funcionarios implicados.

El secretario de organización de SOS Racisme en Valencia, Francisco Solans, afirmó ayer que las parejas formadas por españoles y sin papeles que se acercan al registro civil para formalizar el matrimonio religioso o casarse son dirigidas por los propios funcionarios del registro a oficinas de policía, en contra de lo que sucede con el resto de parejas, con el argumento de verificar la autenticidad de la documentación que presentan. Una vez allí, aquellos que cuentan con expedientes de expulsión abiertos, no salen de la comisaría. Inmediatamente son sacados del país, a pesar de que algunos de ellos ya se han casado mediante ceremonias religiosas, hecho que anula la expulsión.Solans acusó ayer a la Delegación del Gobierno, a cuya cabeza se encuentra Carlos González Cepeda, y a diversas fiscalías y registros civiles, en especial el de Valencia, de ser los responsables de esta situación al actuar de forma coordinada en esta "campaña represiva y racista" en la que bajo la excusa de combatir los matrimonios pactados, que tienen como único objetivo obtener la nacionalidad española, obstaculizan el derecho al matrimonio. El responsable de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes admitió la existencia de las bodas de conveniencia aunque en un número muy bajo, por lo que en ningún momento pueden servir de justificación de la "represión" con la que se actúa sobre el resto de parejas. Solans señaló que al tratarse de un obstáculo que impide el ejercicio de un derecho fundamental, el del matrimonio civil, "se puede estar incurriendo en responsabilidad penal" por lo que la organización ha iniciado acciones penales contra funcionarios públicos "por incurrir en presunta responsabilidad penal". El responsable de la organización puso el ejemplo de una pareja que se casó en una mezquita de Valencia y al dirigirse a inscribir el matrimonio en el registro, el joven, de nacionalidad marroquí, fue enviado a la policia y expulsado en horas.

SOS Racisme también denunció el comportamiento "muy sospechoso y presuntamente ilegal", de varias fiscalías al tratar con estas personas que intentan formalizar su relación. Solans acusó a la de Valencia de haber realizado una toma de declaración "intimidatoria y engañosa" a una pareja formada por un ciudadano paquistaní y una española "a quienes se les citó sin aclararles si figuraban en calidad de testigos o imputados". En Castellón, un fiscal "retuvo vergonzosamente" un expediente matrimonial tres meses hasta que dio el visto bueno a la unión.

Solans advirtió del creciente racismo de la Administración durante el año pasado. El abogado de la organización alertó sobre el "sospechoso" incremento de acusaciones por parte de agentes de policía de resistencia a la autoridad y agresiones, esta vez contra inmigrantes documentados. "Lo último que haría un inmigrante legal", señala Solans, "es agredir a un policía", quien destaca que son casos muy difíciles de defender por tratarse de la palabra de un agente contra la de un inmigrante.

En el informe de 1999, que recoge denuncias de casos de racismo producidos en 1998, SOS Racisme recoge un "leve incremento" de casos de xenofobia en la Comunidad y un aumento del 10% de denuncias de mujeres, debido al aumento de éstas entre la población inmigrante. Las situaciones más frecuentes responden a prohibiciones de entradas a locales públicos, acosos, insultos y amenazas, conflictos entre vecinos o discriminaciones laborales.