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UGT reconoce que se realizaron escuchas ilegales en una federación Tres dirigentes del sindicato, suspendidos de militancia seis meses

La comisión de garantías confederal de UGT ha admitido que en la sede de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato en Málaga se efectuaron escuchas ilegales. El reconocimiento se produce en el expediente abierto a raíz de una denuncia del ex secretario provincial del sindicato Juan Antonio Triviño presentada hace casi dos años. El sindicato ha suspendido de militancia a tres dirigentes de la FSP por seis meses, entre ellos al actual secretario y miembro del comité ejecutivo del PSOE, Francisco Povedano.

Los otros sancionados son José Miguel Frías, antecesor de Povedano al frente de la FSP, y Fernando Caro, que hasta hace dos meses fue secretario de administración de la federación. "Esta comisión de garantías posee prueba documental de la existencia de un número de cintas magnetofónicas en las que se encuentran registradas conversaciones realizadas en la sede de la Federación de Servicios Públicos", reconoce la resolución. Aunque el organismo no ha podido precisar el número exacto de cintas ni la autoría material de las grabaciones, sí determina que "probablemente" corresponden a los primeros meses de 1994.A continuación recuerda que los estatutos establecen que al año prescribe la posibilidad de sancionar. La comisión deja abierta la posibilidad de que las irregularidades se ventilen en los tribunales, aunque no muestra disposición a poner los hechos en conocimiento de un juez.

La suspensión de los tres dirigentes se fundamenta en las irregularidades constatadas en el manejo de fondos destinados a la formación y en la utilización de recursos económicos a espaldas de la comisión ejecutiva de la federación. Los hechos son calificados de falta menos grave y castigados con seis meses de expulsión.

La investigación interna confirma la denuncia de Triviño de que la FSP suscribió contratos para desarrollar cursos con la academia Sustrebla (desde 1994 está prohibida la subcontratación a un tercero de actividades de formación) y que la cuenta bancaria habilitada para que los afiliados pagaran esos cursos no era de UGT, sino de un particular, José Andrés Montoya, socio de la empresa.

Irregularidad

La comisión ratifica la irregularidad: "Se ha utilizado dolosamente el nombre de la FSP-UGT para ingresar determinadas cantidades de dinero en la cuenta corriente cuya titularidad corresponde a unos particulares ajenos a la organización, utilizando publicidad engañosa y cometiendo una desviación de fondos, destinados a la organización en concepto de pago por servicios de formación que deberían haber sido gestionados por la federación exclusivamente". El órgano sindical concluye que el "fraude" constituye una falta menos grave, de la que culpa a Povedano y a Caro. En julio, estas irregularidades dieron pie a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abriera diligencias por la presunta financiación ilegal de UGT.

La sanción a Frías se fundamenta en otro apartado de la denuncia del ex secretario provincial: la adquisición de unos terrenos para construir unas viviendas, compra que se hizo con préstamos personales de siete personas y que luego fueron subrogados por la FSP sin conocimiento de los órganos pertinentes.

La resolución recuerda que según la normativa interna, todo acuerdo que suponga un desembolso económico tiene que ser sometido a la comisión ejecutiva para su aprobación. "No existiendo prueba documental alguna, ni habiendo quedado suficientemente probado en las comparecencias que todas estas actuaciones fueran acordadas por la comisión ejecutiva provincial", la comisión entiende que Frías vulneró las disposiciones internas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de enero de 2000