El Consell elevó la deuda autorizada para 1998 en más de 100.000 millones

Los Presupuestos de la Generalitat para 1998 autorizaban al Consell a aumentar la deuda pública en 13.376 millones de pesetas. Sin embargo, el informe de la Sindicatura de Comptes refleja ingresos "no previstos inicialmente" en la partida de activos financieros por un total de 100.263 millones de pesetas, que son resultado de la recalificación de la deuda de corto a largo plazo. Así, la deuda de la Generalitat pasó de 425.560 millones a finales de 1997 a 539.236 millones en el cierre del ejercicio de 1998.

El informe de la Sindicatura de Comptes señala que el Consell evitó anotar 71.143 millones de pesetas entre los gastos correspondientes a 1998, entre otras razones por "falta de crédito". Vicente Rambla, consejero de Hacienda, afirmó ayer al respecto que es "habitual en todas las Administraciones públicas" trasladar gastos de un año a otro.Pero el mismo informe advierte una sorprendente diligencia a la hora de anotar ingresos. Y destaca "el elevado grado de ejecución" en la partida de ingresos correspondientes a pasivos financieros, que alcanza un 267%.

Lo más sorprendente de la operación es que el aumento de ingresos es el resultado de la conversión de deudas contraídas a corto plazo para hacer frente a problemas de tesorería en deudas a largo plazo. El traslado se justifica por la modificación de los criterios contables por parte del Banco de España, que optó por considerar de forma homogénea los créditos a corto y largo plazo, y por el notable descenso de los tipos de interés en el mercado.

La deuda autorizada por las Cortes Valencianas fue modificada unilateralmente por el Consell a través de dos decretos de julio y diciembre de 1998, que fueron publicados un mes tarde en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Consell sostiene que persigue "preservar la posición financiera de la Generalitat Valenciana, alargando el plazo medio de su deuda aprovechando, mediante financiación a largo plazo, las mejores condiciones existentes en este segmento de mercado".

En ambos casos, los decretos amplían el límite de endeudamiento en 48.854 y 53.223 millones, respectivamente. La Sindicatura advierte que el segundo decreto se publica, y por lo tanto es efectivo, en enero de 1999, aunque el texto señala que la conversión de deuda debe efectuarse "antes de finalizar el año en curso".

La "deuda de tesorería", resultado del anticipo de pagos corrientes, se convierte automáticamente gracias a la mecánica contable en un ingreso, que permite disponer de crédito para afrontar nuevas obligaciones.

El análisis de la gestión del presupuesto de ingresos ofrece otros aspectos llamativos. La Sindicatura subraya que los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, que suman 155.043 millones a finales de 1998, siguen siendo muy elevados. El informe recuerda que la Generalitat mantiene vivas expectativas de ingresos por valor de 56.232 millones de pesetas que reclama a la Seguridad Social desde el año 1996.

La Sindicatura no lo menciona, pero Hacienda generó ese año créditos por valor de 48.000 millones de pesetas poco después de anular derechos pendientes, heredados de la Administración socialista, por una cantidad ligeramente superior.

La Sindicatura se limita a reiterar que deben revisarse los derechos pendientes de cobro para garantizar su viabilidad; sugiere que se deben "intensificar" las acciones para ingresar los derechos pendientes "con origen muy antiguo, así como los de mayor importancia económica"; y advierte que "no deben utilizarse para la financiación de gastos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible realización".

Las millonarias advertencias que contiene el informe de la Sindicatura de Comptes fueron nuevamente celebradas ayer por Vicente Rambla, consejero de Hacienda desde el pasado mes de julio. Rambla reiteró que el "riguroso" informe avala la eficacia de la gestión presupuestaria del Consell que preside Eduardo Zaplana y desestimó las indicaciones sobre los gastos no contabilizados durante 1998, que la Sindicatura eleva a 71.443 millones de pesetas.

Rambla afirmó que la advertencia no entraña una "crítica"; dijo que trasladar gastos asumidos durante un ejercicio al presupuesto aprobado para el año siguiente es "una práctica que hacen todas las administraciones públicas"; y vaticinó que "volverá a ocurrir este año".

El responsable de Hacienda se limitó a reducir el volumen del agujero contable alegando que durante 1998 se asumieron gastos pendientes del año 1997 por un total de 40.000 millones. Pero la Sindicatura es muy precisa sobre el origen de los 71.443 millones de pesetas que Hacienda dejó de anotar entre sus gastos durante 1998 y no suma partidas procedentes de años anteriores.

Respecto al crecimiento de la deuda de la Generalitat, Rambla reiteró que permanece "dentro de los límites" que exige el Estado para cumplir las exigencias de convergencia económica que dicta la Unión Europea.

El feliz análisis del responsable de Hacienda contrasta con las feroces críticas vertidas por los portavoces de la oposición que interpretan el informe de la Sindicatura de forma diametralmente opuesta.

Antonio Moreno, portavoz socialista, afirmó que el informe refleja el "descontrol absoluto" que reina en las arcas de la Generalitat; advierte el "engaño" en las cuentas públicas y pone de manifiesto una gestión "sin escrúpulos" que ha propiciado el "escandaloso" endeudamiento de la Generalitat.

Moreno indicó que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, "hace trampas con tal de comparecer en campaña electoral con un superávit ficticio de 746 millones de pesetas, pese a que no tuvo ningún empacho en no contabilizar más de 71.443 millones de pesetas" y, "no conforme con ello, lo que ha hecho es gobernar como un verdadero manirroto".

Además, destacó, que el informe del órgano fiscalizador demuestra que las inversiones no se ejecutan, que "se está consumando el descontrol en las cuentas públicas también en las contrataciones, permitiendo la fuga del control a través de contratos menores", así como el "verdadero caos RTVV", que arrastra un déficit acumulado de más de 50.000 millones. Moreno también denunció el "cajón de desastre" que constituye el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), "donde se esconde todo lo que no se quiere asumir en Presidencia".

Joan Antoni Oltra, portavoz de Esquerra Unida, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma que las cuentas de la Generalitat Valenciana son como las del gran Capitán, ya que todo es mentira y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia".

Oltra subrayó que el informe advierte " un agujero reconocido de más de 71.000 millones de pesetas durante el ejercicio 1998, que contrasta con los 746 millones de superávit" que constaba en la liquidación oficial, que fue "maquillada" ante la convocatoria electoral del pasado 13 de junio.