Rojas-Marcos mantiene el pacto PSOE-PA en Sevilla, pero avisa de que habrá repercusiones

El pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Sevilla escenificó la delicada situación por la que pasa el pacto de Gobierno municipal entre PA y PSOE tras la dimisión del primer teniente de alcalde, el andalucista Mariano Pérez de Ayala. El presidente del PA y concejal en el Consistorio, Alejandro Rojas-Marcos, no dudó en avisar de las consecuencias y reiteró sus ataques contra el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Poco después, el PSOE retiraba un punto del orden del día, referente al edificio municipal de El Prado, ante la posibilidad de que los andalucistas votaran en contra.

La entrada de los ediles sevillanos al salón de pleno fue tan fría como la mañana de ayer. Pero bastó que se diera lectura al decreto del alcalde por el que se ponía en marcha el expediente para establecer los pagos a los familiares de las víctimas del derrumbe del muro del Bazar España para que la temperatura subiera. A sabiendas de que el pacto de gobernabilidad entre andalucista y socialistas se mantenía a pesar de la dimisión del primer teniente de alcalde, Mariano Pérez de Ayala (PA), que se hizo efectiva ayer, el presidente de los andalucistas, Alejandro Rojas-Marcos, quiso dejar claro sus impresiones y arremetió contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Rojas-Marcos le acusó de "electoralista", e incluso apuntó "la existencia de intereses extraños", que no concretó, en la iniciativa.

Para terminar, el presidente del PA lanzó un aviso a sus socios de las consecuencias que acarrearía para el pacto la determinación del alcalde con respecto al caso Bazar España: "Solo se mantiene este gobierno por los superiores intereses de Sevilla, que sin los andalucistas correría grave peligro de ingobernalidad. Pero, no se equivoque, hay un precio que no estamos dispuestos a pagar". La primera factura la pasarían minutos después.

Los socialistas se veían obligados a retirar un punto del orden del día, que habían tramitado por la vía de urgencia, ante la diatriba de encontrarse sin el apoyo de los andalucistas. La propuesta iba encaminada a liquidar el proyecto del edifico municipal de El Prado, mediante una negociación con la empresa encargada de la construcción. El proyecto planeado por el anterior equipo de Gobierno (PP-PA), fue paralizado posteriormente por PSOE y PA.

Mientras los socialistas alegaban que un problema de la secretaría impedía llevar este punto al pleno, el concejal de Urbanismo, Rafael Carmona (PA), los contradecía afirmando que había una diferencia de fondo en la propuesta por lo que no la aceptaban. Carmona señaló que el PA considera que en el Prado se debería hacer "el edificio municipal del siglo XXI", aunque admitió que no era primordial para este mandato. El responsable nacional de Organización del PA, Juan Carlos Soriano, no descartó la posibilidad de que el grupo andalucista en el Ayuntamiento de Sevilla pueda tomar decisiones de forma unilateral e independientemente de lo que diga el PSOE.

La situación de crisis que vive la coalición PA-PSOE se convierte en una oportunidad apetecible para el PP, que no para de mandar mensajes a sus antiguos socios de Gobierno. La portavoz del PP, Soledad Becerril, llamó a los concejales del PA a abandonar a Sánchez Monteseirín: "Tras todo los reproches e insultos que desde el PA se han lanzado contra el alcalde, no entiendo como los concejales andalucistas se sientan en los bancos del Gobierno en lugar de los de la oposición".

La crisis municipal de Sevilla tuvo su génesis el pasado jueves 23 de diciembre con el anuncio de Sánchez Monteseirín de indemnizar a las familias de las cinco víctimas mortales del derrumbe de un muro en el Bazar España, el pasado 31 de diciembre de 1998. Entonces, Mariano Pérez de Ayala, era delegado de Urbanismo. El edil andalucista consideró esta iniciativa como "un acto de deslealtad" por parte del alcalde, lo que le impedía seguir con su cargo público.

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Carmen Hermosín, instó a Pérez de Ayala, a reconsiderar esta decisión cuyos argumentos "no son para poner en crisis un gobierno de coalición".