Más que un error

EN EL catálogo de los muchos y variopintos errores atribuibles tradicionalmente al "anormal funcionamiento" de la Administración de justicia faltaba quizás uno de las características del padecido por Jesús Gil y el resto de implicados en el sumario por el caso Atlético. Es la primera vez, seguramente, que un juez firma un auto perfectamente estructurado y argumentado atribuyendo a los imputados en una causa un delito -en este caso, el muy grave de tráfico de estupefacientes- que nada tiene que ver con los hechos que investiga. Le ha faltado tiempo a Gil, predispuesto a ver una mano negra en todo lo que le pasa actualmente, para interpretar el error como "parte del plan trazado" para desacreditarle y liquidarle en todos los órdenes. Quizás sea esa obsesión persecutoria la que ha llevado al ex presidente del Atlético de Madrid a barajar de nuevo su presentación a las elecciones en la creencia errónea de que podría eludir como diputado las responsabilidades que se le exigen como ciudadano.Pero en este asunto Gil ve fantasmas donde seguramente no los hay. No hay por qué achacar a una mano negra lo que tiene visos de ser obra de una mano inexperta, primero, y de algunas negligencias después. Puede ser plausible la explicación dada por el juzgado de que el error tuvo su origen en la utilización de un modelo informático creado para delitos de tráfico de estupefacientes. Es plausible, pero insuficiente para dar entera cuenta de la magnitud del error. Falta explicar por qué el secretario dio fe del auto erróneo y el juez lo firmó. ¿O cabe deducir que no lo leyeron antes? Por menos motivos se abren todos los días en los juzgados causas por negligencia profesional.

Este tipo de errores judiciales no se reparan del todo porque se rectifiquen inmediatamente, como ha sido el caso. Atribuir a unos imputados, aunque sea por unas horas, un delito inexistente no constituye sólo un error material. Si la tarea del juez es tutelar los derechos de los ciudadanos debe rechazarse, por principio, que pueda cometer equivocaciones que los vulneren sin que pase nada. Lo sucedido merece al menos la atención del Consejo General del Poder Judicial para saber si hubo algun tipo de negligencia o es algo congruente con la burocracia judicial. En los dos casos, hay una responsabilidad evidente. La impunidad, es decir, no responder por lo que se hace, no puede ser en ningún caso la contrapartida de la independencia judicial.