El laberinto del boticario

Juan Carlos García Palomares, un farmacéutico de El Campello, lleva cerca de dos años de lucha contra una decisión de la Consejería de Sanidad, organismo que, en primera instancia, le concedió autorización para abrir una farmacia en esta localidad, y a los tres meses le clausuró el establecimiento. García Palomares, que realizó una inversión de unos 40 millones de pesetas para poner en marcha el negocio, está empeñado en demostrar "la injusticia" de este acto de la Administración autonómica.El penúltimo paso de su recorrido por el laberinto administrativo y judicial ha sido un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pese a la clausura, García Palomares mantiene abierto el establecimiento, aunque sin expender medicamentos y limitando la actividad a la venta de productos parafarmacéuticos.

El boticario se presentó al concurso convocado por la Consejería de Sanidad para abrir dos nuevas farmacias en El Campello, debido al aumento de población. Su oferta quedó en tercer lugar, pero dado que la segunda, presentada por la licenciada Ana María Roselló Bono, caducó al no haber designado local en tiempo y forma, Sanidad autorizó en junio de 1998 a García Palomares la apertura de su farmacia. "Sin embargo, tres meses más tarde, Sanidad me clausuró la farmacia alegando que la concursante que quedó por delante de mí había presentado un recurso contra esa caducidad de la autorización, declarada por el Colegio de Farmacéuticos", afirma el afectado.

Tras el cierre de la farmacia por Sanidad, García Palomares inició la batalla jurídica y administrativa en pos de recuperar sus derechos. "El daño no sólo es ya económico, sino también moral", matiza. El boticario ha denunciado su caso en todas las instancias de la Administración, incluido el Síndic de Greuges. Además, ha presentado tres contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia. En uno de ellos solicitaba la suspensión cautelar de los derechos de Ana María Roselló.

El TSJ falló en su contra, extremo que le llevó a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aún no resuelto.

El boticario, que cuenta con el respaldo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, califica de "arbitraria e injusta" la resolución de Sanidad. "No entiendo cómo la Consejería me concede el permiso, a sabiendas del esfuerzo que supone la puesta en marcha de una farmacia, para más tarde retirármelo, en beneficio de la señora Roselló Bono, que cuenta con cinco autorizaciones para abrir otras tantas farmacias, una de ellas en funcionamiento en Benidorm desde noviembre de 1997", argumenta el boticario. "Aparte del perjuicio que se está causando a los vecinos, ya que era justificada la apertura de esta nueva oficina, se beneficia a otro farmacéutico que cuenta con oficina abierta".

La legislación vigente no permite que un farmacéutico sea titular de más de un establecimiento, y tampoco está permitido ceder, traspasar o vender una farmacia abierta hasta que no transcurran al menos tres años desde su apertura. García Polomares subraya que para que Roselló pueda establecerse en El Campello, "tendría que hacerlo a partir del 18 de noviembre del 2000, o bien cerrar o vender la de Benidorm". "Hasta entonces nos encontramos con que El Campello, con derecho a dos nuevas farmacias, sólo tiene una abierta mientras se mantiene la mía clausurada y el expediente de apertura de la señora Roselló paralizado", explica.

García Palomares, que prácticamente ha empapelado con cartulinas de denuncia sobre su situación los exteriores de la farmacia clausurada, también cuenta con el respaldo de los vecinos. Unas 4.000 personas se han adherido a la campaña de recogida de firmas exigiendo la reapertura de la farmacia cerrada.