La integración, principio básico

La nueva Ley de Extranjería cambia de forma radical la filosofía de la anterior, que se basaba en conceder derechos a los extranjeros residentes legalmente en España y olvidar a los demás. El propio título de la reforma habla de la "integración social" de esas personas. Para conseguirlo la norma aprobada ayer distingue entre los inmigrantes residentes -aquéllos que se hallan en la legalidad- y los que "se encuentran en España" -los otros-, independientemente de su situación legal y laboral. Así, la mayoría de los derechos incluyen a los dos grupos.Como declaración de intenciones, el primer artículo del Título Primero reza: "Los extranjeros gozarán en España, en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución". Y esto incluye, claro, a los irregulares. Los puntos que desarrollan esta idea son los siguientes:

- Residencia:

La clave para cualquier extranjero. Una vez que se obtiene, llega la tranquilidad, la posibilidad de trabajar y de tener acceso a todo el sistema de funcionamiento de la sociedad. La nueva ley facilita mucho su obtención a aquéllos que hayan entrado de forma irregular en España. El modo más sencillo: demostrar que han estado al menos dos años ininterrumpidos residiendo en el país, de la manera que sea, y que tienen medios para atender a su subsistencia. Es la llamada "regularización automática". A partir de ahí tendrán cinco años de residencia temporal, que luego se podrá transformar en permanente. El PP y CiU habían pactado en el Senado que fuera necesario haber obtenido un permiso temporal, lo que excluía a los irregulares. Al aprobarse el texto consensuado en el Congreso, no lo será. Habrá una regularización masiva para todos los que demuestren haber llegado a España antes del 1 de junio de 1999, pero siempre que ya hayan solicitado un permiso de residencia o de trabajo.

- Trabajo.

La ley no incluye sustanciales novedades en cuanto a la obtención del permiso de trabajo, aunque queda desvinculada, al menos formalmente, de la residencia. Sigue vigente el sistema del contingente que establece cada año el Ministerio de Trabajo. Se incluye un apartado especial para los temporeros. Se pretende con ello que los inmigrantes, especialmente los que se dedican a la agricultura, puedan trabajar unos meses en España y volver a su país de manera legal. El PP quería que fueran los empresarios, y no la Administración, los que velaran por la "dignidad" de estos trabajadores. También se reconoce el derecho de sindicación y huelga de los trabajadores extranjeros. Además, podrán tener acceso como personal laboral a las Administraciones Públicas, por lo que pueden presentarse a las oposiciones que se convoquen.

- Sanidad.

Todos los inmigrantes tendrán derecho a la atención sanitaria de urgencia, cualquiera que sea la causa. Los que estén inscritos en un padrón municipal podrán recibir todo tipo de asistencia en las mismas condiciones que los españoles. Los menores y las embarazadas, sólo por encontrarse en España, deberán ser atendidos plenamente.

- Seguridad Social y servicios.

Los servicios sociales básicos quedan garantizados para todos. A cambio de ello, los inmigrantes están sujetos al mismo régimen impositivo que los españoles. Los residentes tendrán derecho a todas las prestaciones sociales y los servicios de la Seguridad Social. Dentro de ellos se incluyen las ayudas para comprar una vivienda. El Gobierno deberá facilitar que los extranjeros puedan mandar los ahorros a sus familias.

- Educación.

Totalmente garantizada. Sea cual sea la situación del inmigrante, tiene derecho a la educación tanto básica como superior. El PP quería que esto sólo fuera válido para los residentes.También pueden obtener, igual que los españoles, las ayudas y las becas que correspondan. En el caso de los residentes, además, podrán ser profesores o investigadores.

- Votar en las elecciones municipales.

Esta parte está prevista sólo para los residentes. Los que no puedan hacerlo, dice la ley, podrán elegir a sus propios representantes "con la finalidad de tomar parte en los debates y decisiones municipales que les conciernen". Además, el Gobierno queda obligado a facilitar que los extranjeros puedan participar en los procesos electorales de sus respectivos países. El PP quería establecer un mecanismo de reciprocidad con esos países.

- Reagrupación familiar.

Otro de los elementos clave para los inmigrantes, que suelen llegar solos y quieren traerse después a sus familias. Los residentes podrán traer a su cónyuge, a sus hijos menores de 18 años y a los ascendientes si prueban que dependen económicamente de él. Todos ellos obtendrán la residencia temporal. El PP pretendía que no fuera un derecho, sino una potestad de la Administración.

- Menores.

Si la policía localiza a un menor indocumentado, deberá ponerlo en conocimiento de los tribunales tutelares de menores. Si se comprueba que está desamparado, las autoridades se harán cargo de él y, a instancias del organismo que lo tutele, se le concederá un permiso de residencia válido desde el día en que fue puesto a disposición del servicio de protección de menores.

- Visados.

No se establecen nuevas exenciones, por lo que seguirá siendo bastante complicado entrar en España. La novedad más importante está en que su denegación deberá ser motivada, al contrario de lo que quería el PP. La Administración deberá además indicar los recursos que se pueden entablar contra esa resolución. El proceso de la denegación deberá tener una duración máxima de tres meses. Sólo en condiciones excepcionales de algunos países se podrán denegar los visados sin establecer los motivos para esa decisión.

- Expulsión.

Sigue siendo motivo de expulsión la entrada en patera o cualquier otro medio ilícito. Será por un periodo mínimo de tres años y máximo de diez. El extranjero que, después de entrar ilegalmente, colabore con la policía para la detención de las mafias que organizan esos viajes clandestinos conseguirá evitar que le expulsen, pero siempre que demuestre que, a su vez, ha sido víctima de tales mafias. El PP quería facilitar la expulsión en línea con la ley de 1985.