Los abogados mantienen su sistema de financiación tras un tenso debate

Una importante parte de los abogados de Valencia mostró ayer su rechazo a una de las formas de financiación de su colegio profesional en la junta extraordinaria convocada para someter a votación los bastanteos, una fórmula por la que una fracción del colectivo -básicamente los especialistas de la jurisdicción civil que más litigan- ceden parte de sus ingresos a todo el colectivo. Más de 600 letrados acudieron ayer a la reunión celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia. La junta, convocada a petición de un sector del colectivo que demanda la supresión de los Derechos de Intervención Profesional (DIP), debatía dos fórmulas alternativas al actual sistema. El utilizado hasta ahora -que continuará operativo tras la votación de ayer- es catalogado de insolidario por los letrados que promovieron la convocatoria de ayer. En su opinión, grava la actividad de unos pocos -los que acuden a los juzgados y no, por ejemplo, los de aquellos que sólo asesoran y no pleitean- y, además, podría ser ilegal: obliga a financiar una mutua asistencial en la que no tienen obligación legal de participar. Así lo defendieron ayer, en un debate vivo y tenso aunque siempre respetuoso. Sus defensores, entre los que se cuenta la junta del colegio, abogan por un sistema necesario para financiar la actividad general de la institución y, sobre todo, contribuir a mantener la ayuda social que el colegio presta a alguno de sus miembros.

En cualquier caso, la junta presidida por Luis Miguel Romero Villafranca no se avino a aceptar otra de las proposiciones de los detractores del sistema: aplazar el debate hasta que una comisión de estudio de los bastanteos, una fórmula de pago creada hace 200 años, elevara un dictamen.

Al contrario, propuso dos alternativas: unos DIP que no penalizaran la actividad de los abogados más jóvenes o las de los más viejos o, por contra, su sustitución por un aumento de la cuota lineal. Ninguno de los dos sistemas - con el actual, los tres que utilizan el resto de colegios de España- fue aceptado: el primero (la opción veladamente defendida por la dirección del colegio) fue apoyado por 240 de los 625 votantes y rechazado por 383. El segundo fue unánimemente descartado: sólo contó con 13 votos a favor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 22 de diciembre de 1999.

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