Pagar bien a la justicia
Nadie puede poner en duda que cualquier país que aspire a tener una Justicia digna -y por digna nos referimos a que cumpla con la misión constitucional de protectora y garante de los derechos de todos, especialmente de los que a ella acuden como expectativa de solución-, ha de dotar a quienes la imparten y a sus colaboradores de una retribuciones dignas -y por dignas nos referimos tanto a suficientes como a proporcionadas en relación con su dignidad, dedicación, categoría, antigüedad y responsabilidades y con el resto de los profesionales de su nivel-. Es difícil encontrar a alguien que no quiera ganar más.Sin embargo, desde la reflexión que realizamos en la Fundación por la Justicia -integrada por magistrados, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, abogados, procuradores, profesores universitarios y asociaciones de consumidores-, queremos incorporar al debate publicitado recientemente en los medios de difusión que:
1.- Condicionar el incremento retributivo, sea cual sea el porcentaje, a la pérdida de independencia, nos parece un despropósito.
2.- Sugerir un conflicto de poderes ante la negativa de aceptar las reivindicaciones planteadas, aun sintiéndose chuleados por los negociadores oficiales del nunca jamás, nos parece una desproporción.
3.- Incluir en la exigencia a todos los miembros de las carreras judicial y fiscal, nos sugiere una desfachatez, ya que la representatividad de las asociaciones reclamantes no alcanza ni el 40% de sus integrantes.
4.- Anunciar, aun veladamente, medidas de presión en perjuicio de las personas a quienes servimos y en cuyo nombre impartimos justicia, nos produce vergüenza.
5.- Ampararse en el respaldo institucional del Consejo General del Poder Judicial, que decidió incrementarse sus retribuciones en un 60%, nos parece un escándalo provocado por conciencias intranquilas. ¡Allá ellos!
6.- Aprovechar la importante subida salarial de los magistrados del Tribunal Supremo, implica desconocer que en un país de envidiosos estamos provocando la misma reacción en el resto de los servidores públicos, incluidos los más próximos.
Sin duda que está incumplido el mandato legal de promulgación de una Ley de Retribuciones, a la que se refiere nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (artículo 403), pero, antes de publicar otra ley y provocar su incumplimiento, se nos ocurre más coherente plantear el debate al revés: a nadie le gusta medir, pues midamos el tiempo, los recursos disponibles, la dedicación a la reflexión, la ilusión empeñada. Exijamos en consecuencia. Plantear la subida salarial en el marco y bajo el pretexto de una necesaria modernización es pura retórica, ejercicio de la estética, falacia inadmisible. La modernización exige estar dispuestos a la flexibilidad, que implica asumir la mayor pero también la menor retribución, en función de baremos de productividad y eficiencia. No sabemos por qué nos cuesta aceptar conceptos que en cualquier organización, de cualquier país que asume el riesgo de prestar mejores servicios, definen su calidad.
No nos gusta ofrecer a cambio inquietud y temores de renovados retrasos. Preferiríamos garantizar tutela "efectiva" y la sociedad entendería, quizá reclamaría, por nosotros.
Lamentamos disentir. También somos tropa y seguimos creyendo que la Justicia se puede mejorar.
