Sólo el 2% de personas con necesidades médicas o sociales recibe atención pública en sus hogares

El 57% de los hogares andaluces, alrededor de un millón de familias, cuenta con una persona que necesita cuidados por problemas de salud o edad. Sólo el 2% de estas familias recibe asistencia por parte del sistema de protección pública. Éstas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por tres profesoras de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Su trabajo revela que los miembros de la familia son los cuidadores informales de estas personas dependientes, y sobre todo las mujeres (91%), cuya dedicación es una fuente de discriminación e incide negativamente en su salud.

La investigación, que lleva como título Cuidados y cuidadores en el sistema informal de salud, es la primera, según sus autoras, que se centra en los cuidadores informales. María del Mar García, Inmacualda Mateo y Pilar Gutiérrez, profesoras de la Escuela Andaluza de Salud Pública, le dan un varapalo en su trabajo a los servicios públicos sanitarios y sociales (formales) calificando de "punta de iceberg" (2%) su cobertura del cuidado continuado de las personas dependientes -niños menores de seis años, ancianos, enfermos crónicos y discapacitados-."El sistema informal familiar constituye la única fuente de provisión de cuidados para una gran mayoría de personas y se configura como un verdadero sistema invisible de atención de la salud", reza la presentación de la investigación. El 66% de estas personas son cuidadas de forma exclusiva por su familia y el 31% se autocuidan.

Pero estas cifras, además, tienen otras consecuencias ya que el 91% de estos cuidadores informales son mujeres. Su perfil responde a mujeres de clase media o baja que se encargan de un familiar cercano con el que convive en el mismo domicilio, desde el principio o porque se ha visto obligada a mudarse.

La directora de la investigación, María del Mar García, explicó que esta dedicación de la mujer supone una "desigualdad desde el momento en el que constituye un impacto en la calidad de la vida del cuidador". García enumeró las razones que arguyen las cuidadoras del coste que supone cuidar a otros: poca disponibilidad de tiempo propio, lo que genera ansiedad y estrés; exclusión del mercado laboral; repercusiones negativas en la salud y una carga económica adicional.

Las principales demandas son más ayudas por parte de los servicios sociales y sanitarios, tener a alguien que le sustituya, ya sea un familiar o alguien contratado y turnarse en el cuidado de la persona dependiente. Otras peticiones son más información sobre servicios públicos y más ayudas económicas.

García pidió una reflexión para buscar medidas y la necesidad de la adopción de responsabilidades por las instituciones públicas para que sea posible "la libre elección de los cuidadores". También expresó su preocupación por el envejecimiento de la población y, a la vez, las familias son cada vez más pequeñas lo que incidirá en que "los cuidadores informales serán cada vez menos".

También ha participado en el estudio el Instituto Andaluz de la Mujer, cuya directora, Carmen Olmedo, comentó que este estudio es una aproximación a la realidad para mejorarla y un reto para afrontar con intervenciones públicas. Olmedo subrayó la necesidad de "avanzar en compartir" las tareas entre hombres y mujeres y propuso un tratamiento fiscal especial para las familias que tienen personas a su cargo. También criticó la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral promulgada por el Gobierno central, ya que ésta no "obliga" a los hombre a participar en las tareas familiares.