El fiscal del 'caso Huarte' pide al juez que impute al exsecretario general de la Generalitat, Lluís Prenafeta

El fiscal adscrito al caso Huarte, Alejandro Luzón, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como imputados al ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat catalana, Lluís Prenafeta, al promotor inmobiliario Juan Manuel (John) Rosilló y al abogado Alberto Garrofé. Los tres citados aparecían en el informe pericial ratificado en la causa que concluyó que Huarte había pagado a varias empresas alrededor de 450 millones de pesetas. Juspi, Galerías Pisa, Ann Internacional BV, Percier Group, Colil Capital, Promotora Editorial Europa (Predeusa) e Iniciativas Moa son las empresas que recibieron dinero de Huarte.El informe menciona a Lluis Prenafeta, como administrador único de la empresa Poliafers y representante legal de Juspi. Al examinar las cuentas de esta última empresa, que recibió un préstamo de 60 millones de Huarte, el informe aprecia que Prenafeta recibió dinero de Huarte y que realizó pagos. En las declaraciones que el propio Prenafeta realizó a la Fiscalía Anticorrupción reconoció haber cobrado de Huarte 69 millones de pesetas por gestiones realizadas ante distintas entidades financieras para la concesión de créditos.

Otra de las empresas que recibieron dinero de la constructora es Iniciativas Moa. Esta empresa obtuvo un préstamo de 47 millones de pesetas concedido por la Caixa del Penedés, siguiendo instrucciones de Prenafeta, el 31 de mayo de 1994. Un año después, en julio de 1995, Huarte transfirió la misma cantidad a Iniciativas Moa. El préstamo se utilizó en parte para reducir el saldo acreedor de la cuenta de otra sociedad, Promotora Editorial Europa SA (Predeusa). Sin embargo, el informe pericial determina que no existía ninguna relación entre Huarte y la empresa editora.

Por otra parte, el fiscal Luzón también ha solicitado al juez que cite a declarar en calidad de testigos a otras tres personas, cuya identidad no ha trascendido, que al parecer son empleados de las entidades bancarias en las que se realizaron las transferencias descritas en el informe pericial.