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La entrega de Aldasoro por EE UU refleja la unión global contra el terrorismo, según Mayor

Atacada con un "cóctel mólotov" la vivienda de un militante del PNV en Galdakao

Por primera vez, un miembro de ETA fue ayer extraditado a España por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Ramón Aldasoro Magunacelaya, El Rubio, acusado de al menos cuatro asesinatos, entre otros delitos, llegó a las 8.55 de ayer a Madrid acompañado por cuatro agentes del FBI en un vuelo regular de la compañía Iberia y quedó a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión. Aldasoro, de 49 años, fue detenido en 1997 en Miami, donde trabajaba en una agencia de automóviles con una falsa identidad.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, expresó el agradecimiento "en nombre del Gobierno y de la mayoría de los españoles" al Ejecutivo y a las autoridades judiciales estadounidenses por la extradición de Aldasoro. Este hecho sin precedentes demuestra, en opinión de Mayor, que España "está muy bien acompañada y respaldada en Europa y fuera de Europa" en la cooperación en la lucha contra ETA, que "ya no es sólo bilateral" con Francia. La entrega de este etarra "supone una lección para todos, y es que se podrá tardar más o menos, pero el funcionamiento de los Estados de derecho es constante y permanente".En este caso, el proceso judicial duró dos años y culminó con la decisión del Tribunal Supremo norteamericano de dar luz verde a la entrega el pasado 3 de noviembre, al rechazar el recurso de apelación de la defensa de Aldasoro. Ayer, el juez de guardia en la Audiencia Nacional decretó su ingreso en la prisión de Soto del Real (Madrid), según Efe.

Operación policial conjunta

Cuando fue detenido el 2 de diciembre de 1997 en una operación conjunta de las policías española y norteamericana, el Rubio, bajo el nombre de Gaspar Axe, llevaba tres meses en EE UU, adonde había llegado procedente de México. Allí fue detectada su presencia en 1993 tras haber huido a Francia cinco años antes junto a otros miembros del comando Araba, al que supuestamente pertenecía como liberado (a sueldo de la organización). Con ese grupo se le atribuyen los asesinatos del general del Ejército Luis Azcárraga, del guardia civil Pedro Ballesteros y de los policías Antonio Gómez Osuna y Francisco Espina Varga, entre marzo y abril de 1988, además del ataque al cuartel de la Guardia Civil en Llodio.

Con anterioridad, Aldasoro, también conocido como Ramón y electricista de profesión, había pertenecido al comando Tontorramendi, desarticulado en 1987 y al que las fuerzas de seguridad responsabilizan de la muerte de Ramiro Salazar y José Antonio Julián Bayano en 1983.

Por otra parte, los eurodiputados nacionalistas vascos visitarán mañana al dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, hospitalizado en la capital francesa a consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde el 1 de noviembre. Kantauri es uno de los presos etarras nombrados interlocutores por la banda en su comunicado del 24 octubre. A la visita acudirán Pablo Gorostiaga (EH) y Josu Ortuondo (PNV), que representarán también a Gorka Knörr (EA), que no podrá acudir por tener otros compromisos, según anunció Batera, la plataforma de apoyo a los presos de ETA nacida del pacto de Lizarra, informa Vasco Press.

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Condena

El PNV de Vizcaya arremetió ayer contra los autores del ataque cometido en la noche del viernes contra uno de sus afiliados, cuyo domicilio en la localidad vizcaína de Galdakao fue atacado con un cóctel mólotov. Es la primera vez desde la ruptura de la tregua de ETA que un militante peneuvista es objetivo de los violentos.

El domicilio de S.B., un edificio de dos plantas, recibió el impacto de una botella incendiaria que causó daños casi "inapreciables", según fuentes del departamento vasco de Interior. El PNV vizcaíno hizo público en la mañana de ayer un comunicado en el que su presidente, Javier Atutxa, señaló que "estos comportamientos antidemocráticos y fascistas corresponden a todos aquellos que no quieren asumir, y que no desean, que la violencia sea superada en el País Vasco". En cambio, el alcalde de Galdakao, el peneuvista Fernando Landa, calificaba por la tarde el ataque de "gamberrada", desvinculada de los actos de violencia callejera.

Más de 40 jueces, magistrados y fiscales asistieron el viernes a una reunión en Bilbao para conocer las medidas de protección que, tras la ruptura de la tregua ha elaborado la comisión mixta de seguridad que integran la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco y la consejería de Interior.

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