El presidente del Málaga queda en libertad tras pagar 30 millones de fianza

El presidente del Málaga, Fernando Puche, abandonó ayer tarde los juzgados de la capital después de negarse a declarar ante el juez que le acusa de dirigir una red de contrabando de tabaco con la que habría defraudado 2.500 millones de pesetas al fisco. Tuvo que pagar una fianza de 30 millones de pesetas, igual que Pedro Antonio Martín Graciani, vicepresidente del Málaga y también imputado. La policía ha bloqueado 250 cuentas bancarias y 10.000 millones de pesetas procedentes presuntamente de la venta ilegal de tabaco rubio.

Ni Puche ni Martín Graciani abrieron ayer la boca ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, Rafael Caballero Bonald. Se acogieron a su derecho a no declarar, aunque Puche ha anunciado una comparecencia ante la prensa hoy para dar su versión de los hechos. Pero también tendrá que comparecer a partir de ahora en los juzgados los días 7 y 22 de cada mes.Sí declararon, en cambio, las otras dos personas detenidas en Málaga el jueves por su presunta implicación en la red. Se trata de Alberto Núñez, propietario de la empresa consignataria de buques en el Puerto de Málaga Alberto Núñez S. L., y José Manuel Domínguez, empleado de dicha compañía. El primero contestó durante una hora a las preguntas del juez. El segundo, durante unos 40 minutos. Después, el juez decidió dejarlos en libertad sin fianza, aunque se mantienen los cargos contra ellos.

Sin embargo, el centro de todas las miradas era Fernando Puche, que, pese a haber tenido que sentarse en el banquillo hace dos años acusado de contrabando de tabaco (salió absuelto), se había granjeado un profundo respeto en Málaga en los últimos dos años gracias a su labor al frente del equipo de fútbol de la ciudad, que ha ascendido esta temporada a Primera División.

Puche pasó la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial de Policía junto con los otros tres detenidos. Su llegada a los juzgados estaba prevista a primera hora de la mañana, pero finalmente el furgón policial no llegó hasta pasadas las 12 del mediodía.

El presidente del Málaga fue el primero en comparecer ante el juez. Subió de los calabozos de los juzgados escoltado por cuatro agentes, sin esposar y con el semblante tranquilo. En la puerta del juzgado número 6 esperaban su hijo mayor, Fernando, que trabaja con él en la empresa y forma parte también de la directiva del Málaga, algunos empleados y familiares de los otros detenidos.

Puche no tardó ni 20 minutos en salir por donde había entrado. Comentó que se había negado a declarar y añadió: "No tengo nada que ver con el tema con ene mayúscula". El vicepresidente del Málaga, Pedro Martín Graciani, permaneció ante el juez el mismo tiempo que Puche y no quiso hacer comentarios al salir.

En cuanto acabaron sus comparecencias y se les comunicó la cuantía de la fianza, sus abogados, José María Fernández Mochón y Carlos Larrañaga, se precipitaron en busca de los 60 millones de pesetas requeridos. Se marcharon hacia la una de la tarde y regresaron hora y media después con un abultado maletín negro donde estaba el dinero para la puesta en libertad de Puche. Graciani presentó un cheque.

Salida accidentada

Apenas llegó el dinero, se ventilaron los trámites burocráticos y los acusados empezaron a abandonar las dependencias judiciales. A Puche lo esperaba un batallón de periodistas, seguidores del Málaga, familiares y curiosos. Mientras avanzaba como podía hasta su coche, el presidente del Málaga anunció una conferencia de prensa para hoy en la sede del club de fútbol malagueño y dijo que se encontraba "muy tranquilo" y que consideraba que su detención era "una infamia".

Puche está acusado de los delitos de fraude fiscal, falsedad documental, falsedad contable y blanqueo de dinero. Las investigaciones que han culminado con su detención comenzaron en enero de 1998, siguiendo la pista de un pequeño distribuidor de tabaco ilegal. Desde entonces hasta el jueves, la policía había detenido a 80 personas y bloqueado 250 cuentas bancarias por un importe total de 10.000 millones de pesetas.

En el caso de Puche, la policía considera que utilizaba su empresa de avituallamiento de buques para comprar a las tabaqueras estadounidenses importantes partidas de rubio que presuntamente iban a venderse en el mercado exterior, por lo que estaban exentas de impuestos. Después se simulaba una operación de venta en un país no comunitario, pero el tabaco nunca llegaba a su destino, sino que se quedaba en España y se vendía ilegalmente.