El Ivex continúa sin entregar los documentos que el juez le ha requerido ya dos veces. Tabares defendió su gestión en el Ivex con datos que constan en documentos oficiales del instituto

El juez encargado de investigar la gestión de José María Tabares al frente del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Vicente Ríos, ha requerido por segunda vez a la empresa pública toda la documentación imprescindible para respaldar las acusaciones contenidas en su querella contra el ex director general de la sociedad y Jean Luc Lagier. La entidad pública, en contraste con la rápida respuesta del resto de entidades requeridas, no ha facilitado los contratos o el resto de documentos que probarían la existencia del "quebranto económico" denunciado, de 1.049 millones.

Fuentes cercanas al caso mostraron ayer su extrañeza por la tardanza del Ivex. La dilación contradice la filosofía habitual del querellante, interesado en impulsar una investigación profunda y exhaustiva y, por tanto, diligente a la hora de documentar sus denuncias en el juzgado. Además, la lentitud del Ivex contrasta radicalmente con la predisposición de las otras cinco empresas -además de Ford, cuatro bancos-, que ya han enviado al magistrado toda la documentación solicitada por éste. La empresa pública ni siquiera ha comunicado al juez las razones del retraso.Según las mencionadas fuentes, el magistrado, ante la carencia de soporte documental que padecía la querella, la admitió a tramite en una resolución acompañada de una amplia lista de peticiones: desde los estatutos que rigen el funcionamiento de la empresa hasta las memorias anuales de su actividad; desde los contratos suscritos con Lagier hasta los extractos bancarios que certificarían la existencia de las operaciones en entredicho.

Ninguno de los papeles ha llegado a la mesa del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que, por ejemplo, conocía los números del Ivex al haber consultado los informes de la Sindicatura de Comptes en el Diario Oficial de la Generalitat. Sin embargo, Ford, dos sucursales en París del Banco Santander Central Hispano y el Banco Bilbao Vizcaya, y otros dos bancos con sede en Francia y capital galo sí han cumplido la orden de Ríos. PASA A LA

La dilación del Ivex es tanto más extraña, siempre según las mencionadas fuentes, al tener en cuenta que la querella fue presentada hace ya un mes -el 17 de noviembre entró en el juzgado de guardia de Valencia- y que su preparación -la sociedad dirigida por Carmen de Miguel prescindió de los abogados de la Generalitat para contratar a los especialistas de Garrigues & Andersen- se supone minuciosa por la complejidad de la causa y el agujero económico creado al erario público.

La querella que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 15 imputa a Tabares y Jean Luc Lagier, un empresario francés, sendos delitos societarios. La denuncia de la Generalitat acusa a ambos de actuar en connivencia para financiar con fondos del Ivex al grupo de empresas del francés. Según aseguró de Miguel en una comparecencia pública, Tabares y Lagier, en el marco de una operación teóricamente creada para facilitar las exportaciones de Ford a Túnez, crearon un agujero a la sociedad pública de, por el momento, 1.049 millones de pesetas.

Hasta ahora, ninguno de los escasos documentos aportados a la causa respalda esa hipótesis. En cualquier caso, si el Ivex no entrega el material solicitado, el juez lo requeriría por una tercera vez, en esta ocasión, es de suponer que mediante una comunicación redactada en términos mucho más duros. Según las mencionadas fuentes, Ríos querría estudiar con detenimiento la documentación antes de la comparecencia de Lager. El empresario francés, supuestamente beneficiado por el "quebranto económico" causado al Ivex, podría ver aplazada hasta enero la fecha de su declaración, en principio fijada para el próximo día 23.

Declaración impecable

La comparecencia de Lagier, que puede durar varios días por la necesidad de un traductor, podría corroborar todos los extremos de la declaración de Tabares. El ex director general del Ivex quiso enmarcar la operación empresarial en entredicho en la normalidad, haciendo hincapié en todo momento en los riesgos de cualquier transacción cuyo objetivo final sea la generación de derechos de compensación.

Éstos, por definición, no se consiguen sin ciertas dificultades, porque si existen es por la dificultad de exportar a un mercado tan competitivo como el europeo productos de países con un importante déficit tecnológico. La relación entre el Ivex y las empresas de Lagier -Sonotube en Túnez y Graficom en Bélgica- pretendía, en última instancia, promover la venta en Europa de productos metalmecánicos fabricados en el país magrebí.

De todas formas, varios de los presentes en la declaración de Tabares califican su declaración de "contundente y seria". En contraste con las vagas imputaciones de los abogados del Ivex, el ejecutivo no eludió ni una sola de las preguntas de Ríos, que condujo el interrogatorio durante cerca de ocho horas. Es más, Tabares obvió cualquier juicio de valor para centrarse en los hechos. Todas sus contestaciones tienen o deberían tener reflejo documental en los archivos del Ivex, Lagier, Ford o cualquiera de los bancos que financiaron las diferentes operaciones.

Esta circunstancia refuerza el valor de la declaración del ex director general, cuyas afirmaciones podrán ser probadas -o desmentidas- conforme avance la investigación. Así, las memorias anuales de la empresa pública o los informes de la Sindicatura de Comptes, por poner dos ejemplos, refrendarían que el consejo de administración conocía la relación mercantil con Lagier o que el Ivex, antes del ascenso de Tabares a la cúpula de la empresa, ya había contraído una deuda de 550 millones de pesetas.

De cualquier modo, fuentes próximas a la investigación aseguran que el juez, una vez oído Lagier, citará a declarar en calidad de testigos al antecesor de Tabares en el cargo, Joan Mir, o a su sucesora en el mismo, Carmen de Miguel. De hecho, la documentación solicitada por Ríos indica que éste no limita el contenido de sus pesquisas a las operaciones realizadas por Tabares con Lagier. Bien al contrario. El magistrado, también con ánimo de contextualizar el asunto, ha requerido toda la información existente en torno a las operaciones realizadas por la empresa pública con Sonotube desde 1995, coincidiendo con la petición de Ford de derechos de compensación para exportar coches a Túnez. Tabares aún no desempeñaba el cargo de director general del Ivex.