La SEPI plantea que Iberia tenga 'acción de oro' al menos cinco años
La SEPI, propietaria de Iberia, ha propuesto al Gobierno que la acción de oro que el Gobierno tendrá en las líneas aéreas tras su privatización tenga una duración de cinco años, prorrogable otros dos años más. La propuesta, que ya ha sido dada a conocer a los nuevos socios, tiene que ser aprobada ahora por el Ejecutivo. La acción de oro obliga a pedir autorización administrativa para determinadas actuaciones y ha sido criticada por Bruselas, que ha remitido a España un dictamen motivado en su contra.
Iberia dará pronto, antes de Navidad, un nuevo paso en su privatización al hacerse efectiva la entrada en el capital de los socios, según la previsión oficial. Pero la compañía, aunque pase a manos privadas, no perderá la tutela del Estado. La SEPI ha diseñado y montado un núcleo duro de accionistas que garantice la estabilidad de la compañía. Para ello, los socios -British Airways y American Airlines por el lado industrial, y Caja Madrid, BBV, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación por el institucional- han tenido que conseguir un acuerdo entre ellos y se han comprometido a permanecer en el capital entre tres y seis años, según los casos. Pero, además, el Gobierno contará con la acción de oro, por un periodo, según la propuesta, de cinco años, prorrogables otros dos más.Este tiempo se sitúa en un término medio entre los tres años más uno de prórroga que se fijó en Argentaria, los 10 años de Telefónica, Endesa y Repsol, y los ocho de Tabacalera. Sólo en Indra se han establecido cinco años.
La acción de oro obliga a pedir autorización administrativa en caso de fusión, disolución de la empresa y compra o venta de activos o acciones por encima del 10%, pero en el caso de Iberia, según SEPI, actuará además como salvaguarda de la condición de compañía de bandera de la que se sirve para conseguir acuerdos bilaterales con otros países.
Queja de Bruselas
Su aprobación es una de las cuestiones pendientes en la privatización, aunque en el grupo público no esperan que se planteen problemas al respecto. Sin embargo, es un mecanismo cuestionado por la Comisión Europea. Bruselas envió al Gobierno español el pasado verano un dictamen motivado -el paso previo al Tribunal de Justicia europeo- en el que advertía que la acción de oro atenta contra la libertad del movimiento de capitales y de establecimiento empresarial que consagra el Tratado de Roma.
Pese a la advertencia de Bruselas, el Gobierno ha decidido aplicar este mecanismo, que también tienen las empresas privatizadas en el Reino Unido y Francia, en Iberia.
En SEPI se confía en una rápida entrada de los nuevos socios en el capital, una vez que se han resuelto los problemas de voto en el seno del núcleo estable y se ha fijado el precio definitivo. En realidad, se ha establecido uno de ellos, el que pagarán los socios españoles. La compañía vale, definitivamente, 460.000 millones de pesetas y los españoles pagarán en función de su porcentaje. British Airways, sin embargo, tiene el precio referenciado a la salida a Bolsa (OPV) y no pagará más.
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