El informe de la Comisión COI 2000

El calendario que se propuso la Comisión COI 2000, impulsada por Juan Antonio Samaranch para fijar los criterios sustanciales de la inaplazable reforma del Comité Olímpico Internacional, era muy apretado. A pesar de ello se ha cumplido: el pasado 30 de octubre la Comisión emitió su informe definitivo, que corresponde someter al Pleno del citado organismo del 11 y 12 de diciembre.Las numerosas reuniones y pasilleos preparatorios, la batuta habilidosamente férrea del presidente y lo imparable de la reforma olímpica lograron que en un solo día de debate, cuando lo previsto eran dos, se aprobaran las 49 recomendaciones que constituyen el contenido esencial del documento que me ocupa. A la luz de lo ocurrido en Lausana el 30 de octubre, lo inesquivable de la reforma ha ido ganando adeptos en las últimas fechas; la controversia se ha desplazado así hacia el hasta dónde y, sobre todo, hacia que no afecte a la situación personal de los actuales miembros del COI y, por tanto, sólo lo hagan a los venideros.

El informe se compone de tres partes: la primera, relativa a la composición, estructura y organización del COI; la segunda, a sus funciones y, la tercera, al procedimiento de designación de las sedes de los Juegos Olímpicos.

La primera es, a mi juicio, la que contiene mayor potencial reformador. Se propone un Pleno del COI formado por su número máximo de 115 miembros, donde, al lado de 70 a título individual, tomarán asiento 15 atletas en activo, 15 presidentes de federaciones internacionales y 15 presidentes de comités olímpicos nacionales. He aquí un paso trascendental: se abre camino a una mayor representatividad del órgano plenario con la presencia de los interesados más directos en lo olímpico, fórmula que con el tiempo puede constituir un revulsivo para un cuerpo generalmente formalista y de asentimiento fácil. Por otra parte, el sistema actual de elección de los miembros del COI -cooptación pura- y su permanencia sin más hasta los 80 años habían concitado todo tipo de críticas negativas. Este sistema salta por los aires: el candidato presentado por cualquiera de los estamentos que conforman el COI deberá someterse a la valoración de un organismo de nuevo cuño y de importancia decisiva en el futuro; se trata del comité de selección, formado por siete miembros tanto procedentes del COI como ajenos, que informará, entre otros extremos, sobre la calidad personal del propuesto, particularmente sus servicios al deporte y su situación personal con respecto al código de ética y juramento olímpicos. A la vista de tal informe, que se promete crucial, el Comité Ejecutivo propondrá al Pleno uno o más candidatos entre los cuales éste nombrará, mediante votación secreta, a quien estime oportuno. Creo que, dentro de lo hoy factible, el nuevo método es innovador para el organismo de Lausana y puede facilitar que se vayan superando con el tiempo buena parte de los defectos denunciados en este aspecto. Completan las medidas tocantes al estatus de los miembros del COI, por una parte, la importante limitación de su mandato a ocho años, con reelegibilidad cada otros tantos, aunque existe en este caso la obligación de someterse de nuevo al procedimiento al que aludía líneas atrás y, por otra, el establecimiento de la edad de 70 años como límite predicable de todos los miembros y todas las funciones. Adviértase que estas medidas, que pueden parecer de puro sentido común en una organización acomodada a los tiempos que corren, constituyen, según yo veo las cosas, un paso trascendental en la reforma de lo olímpico, nada sencillo de dar ante los intereses en juego. Vean si no la huella de estos intereses: se propone mantener el límite de edad vigente, fijado en 80 años, para los actuales miembros, aunque, eso sí, sometidos a renovación electoral cada ocho años. Esto, fuerza es reconocerlo, retrasará el proceso de rejuvenecimiento y renovación del COI y huele un poco a "lo que propongo es bueno para los demás y no para mí", pero se trata de un bálsamo ante una posible situación de bloqueo que, de no haber mediado tal fórmula, habría podido cuajar. En palabras concisas, esta primera parte contiene, a mí parecer, una serie de recomendaciones básicas y de hondura que se conciertan con las pautas que deben presidir, a mi criterio, la tan necesaria reforma del organismo olímpico; echo en falta, sin embargo, la consagración de algunos criterios, aunque fueran muy elementales, que esbozaran los principios de una organización interna del COI (transparencia, publicidad, control, etcétera) más acorde con las exigencias de hoy.

A diferencia de la primera parte, la segunda, que aborda las funciones del COI, abandona el campo de los criterios generales sustanciales y entra en un pormenor que desdice el espíritu central del resto del informe. De este modo, a lo largo de numerosas recomendaciones (exceden con mucho a la suma de las de la primera y la segunda parte) se recogen con puntillosidad ciertas medidas, muchas ya en vigor, y, por el contrario, los principios de transparencia, publicidad y control son únicamente aludidos sin una necesaria formulación global.

La tercera parte del informe de la Comisión COI 2000 retoma el método de la primera: con trazo general se ocupa del procedimiento de selección de las sedes de los Juegos Olímpicos. Estamos ante uno de los puntos más delicados en torno al cual se han sucedido muchos de los episodios que han torpedeado recientemente la vida del COI. Así, antes de lograr la condición de candidata oficial, las ciudades que lo pretendan deberán superar una "fase de aceptación de candidaturas", en la que se comprobará el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas fijadas con carácter previo. Esta etapa inicial reviste gran interés y permitirá eliminar pronto de la carrera olímpica a los aspirantes que se funden más en la ilusión y voluntad que en posibilidades reales, con el consiguiente ahorro de todo tipo para los concernidos. Con base en el correspondiente informe técnico acerca de las condiciones que reúnan, el Comité Ejecutivo proclamará los candidatos oficiales para organizar los Juegos. De seguido una comisión de evaluación, que deberá crearse, valorará el cumplimiento por cada candidato de las condiciones exigidas a tal efecto; por último, el Pleno del COI elegirá mediante voto secreto la ciudad organizadora de entre las que reúnan las condiciones antedichas. Curiosamente el extremo más debatido en esta parte del informe, y quizá en todo él, fue el de las visitas de los miembros del citado organismo a las sedes candidatas. El eco de los escándalos aventados con bastante doblez por cierta prensa internacional no está apagado y ante él se mantuvieron dos posturas: rechazo total a tales visitas (Samaranch y MBaye, entre otros) y admisión (Vázquez Rafia, Macaloon, entre otros). A mi manera de ver el problema, no es acertado acuñar una regla general y permanente prohibitiva en función de la situación pasajera recientemente vivida; deben prohibirse, porque dan pie a casi todo, las invitaciones de las ciudades aspirantes, pero la admisión de visitas justificadas, restringidas, financiadas por el COI y aprobadas caso a caso por su Comité Ejecutivo constituye, en mi opinión, el punto de equilibrio entre lo que aconseja la experiencia última y lo que pide el sentido común.

Éstos son a grandes rasgos los aspectos fundamentales del informe emitido por la Comisión COI 2000. Comprendo que a más de uno sus proposiciones puedan parecer tímidas y de escaso alcance ante los problemas que el movimiento olímpico tiene sobre la mesa. Confieso, sin embargo, que el conocimiento directo de la realidad me ha llevado a la firme creencia de que, tal como están las cosas y las personas que las barajan, el gradualismo es hoy el único camino para afrontar la inaplazable reforma de la suprema entidad olímpica. En sintonía con este gradualismo, el informe que nos ha ocupado hasta aquí puede suponer el fermento para que con el transcurso del tiempo vaya cuajando la transformación a fondo de las estructuras olímpicas, sólo a cuyo primer paso estamos asistiendo en estos días.