Pego paga menos del precio real por las expropiaciones, según la oposición
El Ayuntamiento de Pego, que dirige el independiente Carlos Pascual, está tasando por debajo de su precio real de expropiación los terrenos de Benitubes, una de las zonas afectadas por los nuevos planes urbanísticos aprobados por el equipo municipal. Así lo han denunciado los miembros de la oposición, BNV y PSPV, atendiendo al precio de expropiación fijado en las cartas enviadas por el Consistorio a los propietarios. Según Ximo Tur, portavoz del BNV, la valoración ha sido realizada por una empresa madrileña, Tasaciones Madrid, SA, "tomando como valores comparativos terrenos de poblaciones de Valencia, y no el suelo urbanizado recientemente en Pego". En una zona conocida como Alter de Pau, próxima a Benitubes, el Consistorio ha realizado operaciones de terreno por valor de más de 30.000 pesetas por metro cuadrado como reconoció ayer, en el pleno, el alcalde.
Esto significa, según Tur, que la tasación realizada por el gobierno municipal, que sitúa el valor residual de los terrenos brutos de Benitubes en 1.400.000 pesetas por hanegada, es "ridícula" en comparación con la zona contigua Alter de Pau. Para el BNV el cálculo debería ser de "entre tres y cuatro millones de pesetas" por hanegada.
Por otra parte, PSPV y BNV han vuelto a denunciar el horario de las sesiones plenarias extraordinarias que impone el alcalde de Pego. El pleno de ayer fue convocado a las siete de la mañana. Carlos Pascual tiene además habituados a los miembros de su gobierno y a la oposición a soportar una media de entre cuatro y siete plenos extraordinarios al mes. Según el portavoz del PSPV, Agustín Selfa, la explicación de tal actividad municipal no es otra que "cubrir el cupo" que el alcalde y sus compañeros de filas, que gobiernan con mayoría absoluta, tienen asignado por su asistencia a las comisiones y plenos.
Carlos Pascual, que no tiene dedicación exclusiva y que regenta una ferretería, recibe 286.000 pesetas al mes en concepto de comisiones y sesiones plenarias. Cada edil del gobierno cobra 25.000 pesetas por sesión. Los de la oposición reciben un máximo de 25.000 pesetas mensuales.
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