El juez investiga facturas falsas por 4.500 millones en el fraude del aceite

La investigación que permitió desmantelar la red internacional que introdujo 14.000 toneladas de aceite de oliva de contrabando y que defraudó unos 8.900 millones de pesetas no se ha cerrado con la detención de seis de sus supuestos integrantes. El juzgado de instrucción número 11 de Málaga intenta averiguar ahora si las partidas fueron utilizadas para adulterar otros aceites y si Minerva, la empresa malagueña involucrada en la trama, fue descapitalizada de manera fraudulenta. La sociedad presentó suspensión de pagos hace tres años y en la actualidad su quiebra está en trámite.La investigación judicial ha constatado que Minerva habría emitido facturas falsas por 4.500 millones de pesetas a favor de sociedades creadas en Suiza por el propio grupo. Esta táctica supuestamente habría permitido a la empresa desviar esa suma hacia sus sociedades interpuestas y eludir así el pago a los acreedores.

Esta línea de investigación sin embargo está pendiente de la comisión rogatoria solicitada hace casi un año y medio por el juez Juan Francisco Ramírez Barroso a las autoridades helvéticas. La solicitud no ha obtenido aún una respuesta ya que está recurrida por los abogados defensores de los imputados.

Delitos imputados

Por estas supuestas irregularidades, el juez imputa a los acusados -tres están encarcelados desde el viernes y otros tres en libertad bajo fianza- los delitos de apropiación indebida, insolvencia punible (por el presunto alzamiento de bienes) y falsedad en documento mercantil. Por la introducción ilegal del aceite en la Unión Europea y el cobro indebido de ayudas comunitarias al consumo, Ramírez Barroso les imputa fraude a Hacienda, estafa y contrabando.

Minerva tenía más de 70 años de implantación en Málaga cuando en 1996 presentó suspensión de pagos. Un año antes hizo una ampliación de capital en la que todo su accionariado pasó a ser controlado por una multinacional italiana.

La investigación ha permitido comprobar que la red también introdujo aceite de avellana a través del puerto holandés de Rotterdam, que luego fue declarado como aceite de oliva para obtener una subvención comunitaria cercana a los 300 millones de pesetas. El juzgado inició las pesquisas a raíz de que la Comisión Europea comunicara a la Guardia Civil sus sospechas sobre supuestas irregularidades en el cobro de las ayudas.

El aceite procedía de Turquía y Túnez. Entraba por los puertos de Setúbal (Portugal) y Rotterdam (Holanda), pero los importadores declaraban cinco veces menos de lo que introducían. Minerva, en Málaga, y Zaribel, en Madrid, participaban luego en un entramado de sociedades interpuestas radicadas en Italia, Suiza y Luxemburgo que ocultaban las refacturaciones que encubrían los hechos supuestamente ilícitos que investiga el juez.