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El alcalde sólo admite cerrar el centro al tráfico en Navidad cuando los aparcamientos se llenen

El pleno municipal trató ayer, sobre todo, de atascos. Ante la avalancha de vehículos que soportará el centro en las próximas fiestas, y para evitar el monumental embotellamiento que las navidades regalan a la ciudad, la oposición (PSOE e IU) solicitó que se prohíba el paso de los vehículos privados a las calles de la almendra central. El PP rechazó la propuesta, aunque explicó que cuenta con un plan de choque para aminorar el aluvión automovilístico. El plan consiste en desviar el tráfico para evitar que accedan al centro cuando no haya hueco en los 21 aparcamientos municipales (6.000 plazas).

Abrió el debate el concejal de IU Julio Misiego, que pidió tres cosas: que se cierre al tráfico la Casa de Campo; que se impida circular a los coches en el Paseo del Prado y que se impida el acceso al centro de los vehículos privados durante las navidades.Fernando Martínez-Vidal, concejal de Tráfico, respondió a la primera petición: "Se está estudiando por el Ayuntamiento reformar completamente el paseo del Prado"; a la segunda: "El Ayuntamiento también lo está estudiando"; y a la tercera, que "el Ayuntamiento presentará en breve un plan de tráfico para estas navidades".

Martínez-Vidal no quiso precisar en qué consiste este plan, pero sí que adelantó que no prevé "cerrar el centro al tráfico". "Al alcalde

[José María Álvarez del Manzano, del PP] no le gusta prohibir cosas", se justificó. De modo que el plan consistirá, en principio, en lo que ya experimentó el año pasado: desde el 15 de diciembre hasta el 10 de enero los policías municipales cerrarán calles o desviarán el tráfico en función de que se vayan llenando los aparcamientos municipales. "Además", agregó el concejal de Tráfico, "circulará un autobús por todo el centro que será gratuito para todo aquel que demuestre, mediante el billete, que ha ido al centro en transporte público". El concejal socialista Eugenio Morales reprochó al PP que "estudie todo durante muchos años y nunca haga nada para solucionar los atascos".

- Tarifas de aparcamientos. El pleno municipal aprobó también las nuevas tarifas que se aplicarán a partir del año que viene en los aparcamientos municipales. El precio de la media hora se mantiene en 130 pesetas; el de la segunda media hora y restantes suben cinco pesetas: de 115 a 120 pesetas.

- Antenas parabólicas. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, llevó a la sesión plenaria para su aprobación definitiva la nueva ordenanza que regulará la colocación de antenas parabólicas en los inmuebles de la ciudad. A partir de enero del año que viene, quedará prohibido poner este tipo de antenas en fachadas visibles desde la calle. Los dueños de parabólicas ya colocadas en las fachadas disponen de un plazo de dos años para retirarlas. Si no lo hacen, tendrán que pagar una multa que puede llegar, según los casos, hasta las 150.000 pesetas.

- Violencia doméstica. El Ayuntamiento de Madrid, a petición del PSOE, va a abrir un centro de atención urgente abierto 24 horas al día para atender casos de víctimas de la violencia doméstica. Patrocinio de las Heras, concejal del PSOE, pidió, además del centro, que el PP municipal instara al Congreso de los Diputados a que redacte una ley para combatir este tipo de situaciones. El PP rechazó esta última reivindicación.

- Compra de un edificio. El equipo de Gobierno aprobó, con los votos en contra de PSOE e IU, la compra de un edificio de la calle del Barco (distrito de Centro) por 740 millones de pesetas para instalar la Concejalía de Limpieza. La edil socialista Matilde Fernández denunció que antes de esa operación municipal se han producido "sospechosas" compras y ventas entre un conjunto de empresas privadas, todas propiedad de las mismas personas. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, contestó que las operaciones privadas no le competían y que lo único que le importaba es que el precio de compra estaba "ajustado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, que son los que saben".

- Plenos maratonianos. El pleno municipal duró ayer, como suele hacerlo tradicionalmente, siete horas sin pausa para comer. Los concejales de la oposición exigieron, para sucesivas sesiones, un receso de una hora. El alcalde no lo aceptó porque "ya se está elaborando un reglamento para solucionar esa cuestión y mientras tanto, se seguirá igual".

Negocio inmobiliario en el mercado

Uno de los puntos más polémicos del pleno celebrado ayer se escondía en una operación urbanística que permite, con los votos favorables del PP y los contrarios del PSOE e IU, transformar el actual mercado municipal de Torrijos, de dos plantas, situado en el barrio de Salamanca, en un nuevo y moderno centro comercial pero con cinco plantas de viviendas encima. Amparados en una idea del pasado mandato pensada para revitalizar este tipo de mercados, los comerciantes de Torrijos, que actualmente lo regentan en régimen de concesión, quieren comprar el terreno al Ayuntamiento por 577 millones, precio tasado por el municipio hace años.

Matilde Fernández, concejal del PSOE, sorprendió al concejal de Urbanismo con un documento, firmado por la inmobiliaria NOZAR y la asociación de comerciantes, por el cual éstos últimos se comprometen a revender el terreno a la promotora por 2.800 millones. "Si se descuenta lo que cuesta el nuevo centro comercial (900 millones) y lo que tienen previsto pagar al Ayuntamiento por el suelo (577 millones) los comerciantes se quedarán con un beneficio de 1.323 millones", explicó el concejal socialista Joaquín García Pontes, que añadió: "El compromiso entre todos los grupos políticos al aprobar en la pasada legislatura el plan de revitalización de los mercados era el que no se podría nunca construir viviendas para que las operaciones no fueran especulativas, y aquí ustedes, señores del PP, han faltado a su palabra".

Uno de los comerciantes de Torrijos explicó el viernes que a los presumibles beneficios por la venta a NOZAR del terreno "hay que descontar lo que se pierde por los dos años que se estará inactivo por las obras de construcción del nuevo mercado". García Pontes desenfundó posteriormente un nuevo papel: "Además", dijo, "el que firma el contrato es el antiguo presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Torrijos, que mantiene en su propiedad más de ocho puestos cerrados, cosa que es ilegal, seguramente para acaparar metros y ganar más a la hora de repartir beneficios tras la venta del terreno a la inmobiliaria".

Tras esto, el alcalde aseguró que se va a redactar un informe que aclare todas estas cuestiones. "Y si no se aclaran, y no hay unanimidad entre los grupos políticos, no habrá venta", añadió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de diciembre de 1999

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