La Junta suspende la tramitación del PGOU de Marbella hasta que Gil lo entregue completo

La tramitación del PGOU de Marbella vuelve a demorarse. El plazo de seis meses que tiene la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga para pronunciarse sobre su aprobación ha quedado interrumpido debido a que el Ayuntamiento que preside Jesús Gil le ha enviado incompleta la documentación sobre el proyecto que el pleno municipal aprobó el pasado día 22. El PSOE ha pedido a la Junta que no renueve al Ayuntamiento de Marbella el protocolo de cesión de competencias para la aprobación de planes parciales de urbanismo que expira el 31 de diciembre.

El PGOU de Marbella cumple casi milimétricamente los mismos pasos que ya siguió el primer proyecto que elaboró el equipo de gobierno de Jesús Gil y que fue rechazado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga en julio de 1998. Ya en aquella ocasión, la Junta tuvo que requerir en varias ocasiones documentación suficiente al Ayuntamiento antes de dictaminar. Y ahora vuelve a suceder lo mismo. Según informó ayer el delegado de la consejería de Obras Públicas en Málaga, Carlos Morales, el nuevo documento de planeamiento que el Ayuntamiento aprobó el pasado día 22 le ha sido remitido sin todos los planos gráficos y sin los preceptivos informes de la Dirección General de Costas y de las consejerías de Cultura y de Medio Ambiente. Obras Públicas ya ha requerido al Ayuntamiento a que envíe esta documentación y le ha informado de que en tanto no lo haga no comenzará a contar el plazo de seis meses que tiene para dictaminar.

Morales advirtió además de que, una vez en su poder toda la documentación, la Comisión Provincial de Urbanismo no podrá dictaminar con rapidez debido a la acumulación de trabajo pues actualmente revisa dos planes generales de calado como los de Mijas y Nerja.

Los dos principales partidos de la oposición en Marbella, PSOE y PP, coincidieron ayer en que estos defectos de procedimiento no tiene otra explicación que una maniobra dilatoria de Jesús Gil para no aprobar el PGOU y continuar entre tanto una "descontrolada" política urbanística.

La portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, llamó la atención sobre la contradicción de Gil, "quien por un lado hace constantemente manifestaciones echándole la culpa a otro, pero todas sus actuaciones van encaminadas a posponer que exista un marco de referencia legal". "Sólo cabe pensar que o miente o es un incapaz porque todo el mundo sabe lo que es un PGOU y como hay que tramitarlo, más aún cuando la Comisión de Urbanismo ya dijo en su resolución lo que tenía que hacer", agregó. La concejal socialista insistió en que Gil en realidad "nunca ha querido tener el plan porque el urbanismo constituye el negocio más claro para enriquecerse".

Poder delegado

El PSOE ha solicitado además a la Consejería de Obras Públicas que no renueve el protocolo de delegación de competencias al Ayuntamiento de Marbella para la aprobación de planes parciales que expira el próximo 31 de diciembre. García Marcos justificó la petición en que "a Gil hay que empezar a ningunearlo desde la política urbanística o nos va a arrastrar a todos a una lamentable situación de hechos consumados". El PSOE ha propuesto a la Junta que revise con los promotores los proyectos pendientes para que aquellos que no presentan problemas de tipo legal puedan ponerse en marcha y acabar así con la situación de confusión y de parón inversor en Marbella.

El portavoz del PP, Diego Maldonado, lamentó también la dilación en la tramitación del PGOU y la tachó de "inexplicable". "Se presupone que todo el que trabaja en planeamiento sabe lo que tiene que mandar", dijo. Maldonado recordó que ya en el pleno del pasado día 22 la oposición advirtió de que la documentación no estaba completa y recordó que el planeamiento aprobado en aquella sesión no es el texto refundido que la Comisión Provincial de Urbanismo requirió.

De otro lado, la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó ayer por unanimidad la fiscalización del Consistorio de Estepona entre los años 1995 y 1999, periodo en el que fue alcalde Jesús Gil Marín. La moción, que fue presentada por el senador socialista y concejal de Hacienda de la localidad, Francisco Zamorano, el pasado 11 de febrero pretende ser "un aviso a navegantes para que no se vuelva a confundir el dinero público con el privado", informa Ana López Escudero.

El tribunal investigará tanto las cuentas del Ayuntamiento como de las 13 sociedades municipales. Zamorano resaltó que el periodo de transición desde las elecciones hasta la toma de posesión del nuevo alcalde, el socialista Antonio Caba, fue "un auténtico saqueo tanto por las contrataciones indefinidas que se realizaron como por la venta de suelo municipal y la cesión de derechos urbanísticos".

Precisamente, tres inspectores del Tribunal de Cuentas continuar ayer en Marbella los trabajos de fiscalización del Ayuntamiento que comenzaron el pasado 13 de octubre a instancias de la comisión mixta El abogado del Ayuntamiento, José María del Nido, resaltó que los funcionarios solicitaron documentación de cinco sociedades municipales y que se les facilitó la labor a pesar de que se considera "nula de pleno derecho".