Sin casa por una crisis política

Ya lo advirtieron los vecinos en el pleno de Boadilla del Monte (18.900 habitantes) de hace varios días: la crisis política del equipo de gobierno municipal, del PP, tiene paralizado el desarrollo de la localidad. Y los vecinos les dieron un toque de atención a sus gobernantes: "Si no os ponéis a trabajar y dejáis de lado los enfrentamientos, os vamos a echar a todos. ¡Ya está bien! Boadilla está muy descuidada y necesita que se haga algo con urgencia", le gritó Mercedes, una vecina, a 17 de los 18 ediles que acudieron a la sesión plenaria (faltó la ex alcaldesa Nieves Fernández, del PP, aquejada de una enfermedad). El resto de asistentes aplaudió a su vecina. El ex edil de Servicios Sociales José Galeote, del PP, también denunció, en el mismo pleno, que "el realojamiento de inmigrantes chabolistas, del poblado de Los Yelmos, está estancado por el caos y la incertidumbre política".Otro proyecto afectado por la situación es el de la entrega de las primeras viviendas sociales construidas en Boadilla. Las 96 familias a las que se les han adjudicado los pisos están obligadas a aguardar a que los políticos resuelvan sus diferencias para entrar a vivir en sus nuevas casas. El sorteo se celebró hace ya dos años y están construidas desde hace tres meses, aunque aún falta el ajardinamiento en la parte delantera.

Las 96 pisos de protección pública se han levantado en bloques de tres alturas, con pisos de tres o cuatro dormitorios. Tienen garaje, trastero, jardín y piscina. La construcción de las viviendas, promovida por la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla, ha costado 789 millones.

A los adjudicatarios de los pisos de protección pública les habían asegurado que les entregarían las llaves en septiembre. Pero las casas siguen vacías y la demora ha trastocado sus planes. Como a una pareja de recién casados que "tenía prevista la boda para octubre porque para entonces pensaba que ya tendría casa", explicó ayer un familiar de los afectados. "No ha sido así. Se casaron, sí. Pero todavía tienen que vivir en casa de los suegros y han tenido que alquilar un guardamuebles para meter todo lo que han comprado, hasta que les den el nuevo piso", añadió.

Otros adjudicatarios son inmigrantes, empadronados en la localidad desde hace dos o más años; o discapacitados físicos, para quienes la EMV de Boadilla ha reservado, y acondicionado a sus necesidades, los pisos de la planta baja de los bloques. "Un responsable de la empresa constructora nos ha explicado que la demora en la entrega se debe al caos político del equipo de gobierno", explicó ayer esa fuente.

La incertidumbre política de Boadilla surgió inmediatamente después de las elecciones municipales del 13 de junio. El PP, con Nieves Fernández al frente, la alcaldesa que estuvo ocho años en el cargo, ganó la votación, pero no alcanzó la mayoría absoluta. El PP consiguió nueve concejales de un total de 18 en liza. Fernández se alió con Los Verdes, que lograron dos concejales. Pero la alianza se rompió porque, a juicio de Fernández, Ángel Galindo, uno de los concejales del grupo Los Verdes, mantuvo "una actitud dictatorial". A la ruptura de esta alianza le sucedió un cisma en el propio seno del PP de Boadilla. Cinco concejales, capitaneados por el edil de Hacienda, Arturo González Panero, decidieron negar su apoyo a Fernández debido a que se había aliado con Galindo. Para aplacar el motín, Fernández despojó a José Galeote, uno de los cinco díscolos, de sus competencias en Servicios Sociales. Pero la presión continuó y Fernández, desbordada por las críticas y por la falta de apoyo de la dirección regional del PP, dimitió. Su lugar lo ocupó, provisionalmente, Enrique Roda, edil de su confianza, que se estrenó en el cargo quitando el puesto de responsable de Hacienda al concejal González Panero. Éste sostiene que "la desgobernabilidad de Roda" ha bloqueado la entrega de los pisos. Roda se defiende: "Fue la constructora la culpable, porque presentó una documentación incompleta". Los técnicos municipales afirman que no han podido entregar la licencia de las viviendas hasta la semana pasada porque faltaban documentos.