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Los representantes de España se rebelan contra los dirigentes de la OAMI

Las relaciones entre la Administración española y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de marcas, dibujos y modelos, se han tensionado hasta el punto de que España ha emitido un voto contrario a los presupuestos de la Euroagencia, aprobados el día 11, por no contemplar el pago del alquiler de la sede provisional. El Ministerio de Industria se niega a hacer frente a ese gasto, mientras la propiedad del inmueble amenaza con el desahucio.

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La "Euroagencia" de marcas será desahuciada si no paga el alquiler de su sede provisional

El enfrentamiento entre la Euroagencia y el Gobierno español es de origen económico, y se ha recrudecido por la falta de acuerdo en la recepción del edificio que albergará la sede definitiva de la OAMI, erigido en el Paseo de Calabarda de Alicante. El subsecretario de Industria y Energía, Carlos González-Bueno, aseguró ayer a El PAÍS que el consorcio que creó la Administración española, en 1994, para gestionar la construcción de la oficina europea en Alicante, formalizará en breve una "entrega limitada" del edificio, y culpó a los responsables de la Euroagencia del retraso en la recepción del inmueble. "Ni siquiera han contratado el agua, el gas y la electricidad", dijo.La entrega de la obra será limitada. "No podemos probar todas las instalaciones hasta que la OAMI no contrate esos servicios", explicó el subsecretario, quien conminó a las empresas constructoras del inmueble a "ponerse las pilas" para subsanar algunas deficiencias detectadas en el edificio.

La reacción española ante los "reiterados incumplimientos de la OAMI" se tradujo, el 11 de noviembre, en un voto contrario a sus presupuestos para el año 2000, que sin embargo fueron aprobados con el apoyo del resto de países de la UE. González-Bueno argumentó que la Euroagencia no ha incluido en el capítulo de gastos el alquiler de su sede provisional, que asciende a 11 millones de pesetas mensuales. La propiedad del inmueble no ha cobrado desde septiembre, y ha reclamado el pago a la Administración española bajo la advertencia de desahucio.

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