El secretario del Consistorio marbellí defiende la legalidad de Belmonsa

El secretario del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, defendió ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 1, María Luisa de la Hera, la legalidad del convenio que permitió a Belmonsa una construcción en zona verde, según el PGOU de 1986. Y lo hizo apropiándose de una de tesis del alcalde Jesús Gil. Según el secretario, que declaró en condición de imputado, este plan "no es válido" porque no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por lo que no se puede decir que la licencia contravenía la legalidad.En la comparecencia de ayer también prestó declaración como testigo el técnico del Ayuntamiento que tasó los terrenos, Segundo Pastor. Según José Luis Sierra, ex abogado de Gil y también imputado en el caso, Pastor se limitó a decir que la tasación había sido realizada conforme a los datos que le pasó el equipo redactor del plan general.

La persona que presuntamente firmó el convenio con el Ayuntamiento y que cedió con posterioridad los terrenos a Belmonsa, Adeodato Moro, también compareció en calidad de imputado. Según Sierra, dijo que él no había comprado la parcela, por lo que no se la pudo ceder a nadie.

Sierra aseguró que en el Ayuntamiento existen al menos 103 parcelas del PGOU de 1986 que tienen duplicidad de calificaciones, entre las que está la de Belmonsa. "Una está sin sellar por la Junta y aparece como zona verde, la otra está sellada y no es zona verde. Esto permite que se modifique la calificación todos los días a gusto del técnico, del concejal o del político porque no hay forma de identificar qué es lo que aprobó la Junta", manifestó.

860 personas contra Gil

Por otra parte, 860 personas de una colectivo vecinal entregaron ayer en el Ayuntamiento el mismo número de escritos solicitando la dimisión de los concejales que a finales de 1998 aprobaron dar una licencia para construir dos edificios de ocho plantas en la calle Jacinto Benavente, un suelo calificado como zona verde en el PGOU de 1986. Esta obra, conocida como El Pecho de las Cuevas, fue denunciada por los Verdes. El 29 de octubre, el titular del juzgado número 5, Antonio Ruiz Villén, decretó la paralización cautelar de estas obras.