Vizcaya y Guipúzcoa decidirán el año próximo la nueva explotación de la A-8

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa establecerán el próximo año el nuevo sistema de explotación de la autopista A-8 (Bilbao-Behobia), una vez lograda la transferencia del Gobierno central. Las autoridades barajan ahora todas las opciones (pública, privada o mixta) con un peaje que se reducirá "entre el 50 y el 70%". El diputado general vizcaíno Josu Bergara anunció que pretenden implantar un pago más barato para vizcaínos y guipuzcoanos, con un sistema similar a la tarjeta de abono reducido existente actualmente.

Tanto Bergara como Roman Sudupe, diputado general de Guipúzcoa, se mostraron convencidos ayer de lograr un acuerdo rápido, "porque es sencillo", sobre el futuro sistema de gestión de una de las dos autopistas que atraviesan Euskadi, cuya titularidad pasará a las diputaciones a partir de junio de 2003. Hasta esa fecha persiste el plazo de concesión a la empresa Europistas, aunque Euskadi tenga transferida oficialmente la autopista en enero próximo.Bergara y Sudupe dejaron claro que el peaje debe mantenerse "para asumir los costes de explotación de la autopista y las inversiones previstas", así como evitar el "agujero financiero" que supondría para las haciendas forales la pérdida de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos. "Suprimir el peaje no sería en absoluto conveniente. No hay que ofuscarse en ideas virtuales de gratuidad porque gratis no hay nada, ya que o lo paga el usuario o los contribuyentes".

Junto a ello, aseguraron que tendrá una "discriminación positiva" para sus usuarios habituales, pero no detallaron la fórmula concreta porque deben discutirla. Bergara admitió que podría ser similar al bonopeaje actual, un sistema que permite reducir el pago entre un 15% y un 35% según los pasos mensuales por la autopista. "Los tráficos que vienen del extranjero deben contribuir más. Quizás se mantendría el peaje ordinario para ellos, aunque más barato que el actual, y más caro que para nuestros contribuyentes".

Para el próximo año, ambas diputaciones definirán el modo de explotación: bien encargándoselo a una empresa privada, con un sistema público -en el caso de Vizcaya se realizaría a través de la sociedad foral Bideak, que no existe en Guipúzcoa- o mediante un sistema mixto.

El modelo y el abono del peaje vendrán determinados en los estudios que se elaborarán sobre los costes de la autopista. Además de los 3.000 millones de gastos de mantenimiento anuales, los dos diputados generales incluyeron la inversión en mejoras de la Bilbao-Behobia. Únicamente en Guipúzcoa, con la habilitación de un tercer carril desde Oiartzun a Irún y en el alto de Orio, así como la construcción del cinturón de circunvalación de San Sebastián, se prevé un gasto de 30.000 millones de pesetas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, recordó que ahora restan 37 competencias pendientes y anunció que el próximo objetivo es el tramo vasco de la otra autopista, la A-68. "Iremos a por la Bilbao-Zambrana en la primera coyuntura que tengamos", manifestó.