El PP aplaza el 'regalo' a Jesús Gil de 2.000 millones en suelo para pisos
El Gobierno municipal, del PP, mantiene bloqueado desde hace meses un convenio urbanístico firmado el 21 de julio pasado entre el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, y el director general del Atlético de Madrid, Jesús Gil Marín. Dicho convenio supone un regalo al club, propiedad de Jesús Gil y Gil, de más de 2.000 millones de pesetas. Esta cantidad es la que puede conseguir el Atlético con las plusvalías de dos terrenos recalificados por el gobierno municipal junto al estadio Vicente Calderón para que se construyan en ellos 302 viviendas de precio libre y un aparcamiento subterráneo de 800 plazas. El club de Gil deberá mejorar los accesos a la M-30 como compensación.Izquierda Unida está convencida de que la proximidad de las elecciones generales explica el bloqueo en la gestión de ese controvertido convenio urbanístico. Por eso, según interpreta la coalición, Ignacio del Río, teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, no lleva al pleno del Ayuntamiento, para su ratificación, el convenio firmado con el Atlético de Madrid autorizando la construción de 302 viviendas en las parcelas junto al estadio. Uno de los terrenos era de propiedad municipal, pero ha sido cedido al Atlético de Madrid en contraprestación por unos supuestos derechos urbanísticos que le correspondían por su estadio.
La operación urbanística fue pactada y rubricada por Del Río con Gil Marín una semana después de las elecciones municipales y antes de los duros enfrentamientos del PP con el partido de Gil en la formación de las corporaciones de Ceuta y Melilla. Del Río, que era concejal en funciones cuando firmó el convenio con el hijo de Jesús Gil, retiró el pasado octubre del orden del día de la comisión de Urbanismo el convenio firmado con el club rojiblanco. El acuerdo no irá tampoco a la comisión de este mes, convocada para mañana, miércoles. Fuentes de Urbanismo atribuyen el retraso a que está pendiente aún el informe del interventor.
Concierto dudoso
El Ayuntamiento autoriza al Atlético a ceder a otras empresas los derechos urbanísticos
"En IU estamos en contra de ese convenio porque no es una cesión al club, sino un regalo a un señor particular. El Atlético no gestiona viviendas; es un club deportivo. Son las empresas privadas de Gil las que construyen pisos y se benefician con ello", continúa Calcerrada. Abogados de la coalición están estudiando el convenio. "Este tipo de conciertos son un poco dudosos. Donde hay parques y jardines se van a hacer viviendas y un aparcamiento, pero esos terrenos se cedieron en su tiempo para usos púbicos", concluye Calcerrada.El convenio fija en 75 años el tiempo durante el que el Atlético de Madrid tendrá la gestión del aparcamiento, que en un principio se había previsto para 500 plazas. El acuerdo, al no estar incluido en la comisión de Urbanismo, no irá tampoco al pleno de noviembre, previsto para el día 30. Este hecho retrasará la ejecución de un plan urbanístico cuyas primeras negociaciones se iniciaron el 17 de junio de 1996 con la firma entre rojiblancos y autoridades municipales de un acta de manifestaciones con el acuerdo sobre el futuro urbanístico de los terrenos.
Hace ya un año que el Gobierno municipal anunció la aprobación de la operación urbanística y los detalles de la edificabilidad en cada una de las parcelas que se llenarán de ladrillos. Una de esas parcelas era supuestamente de propiedad municipal hasta que la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Patrimonio del Estado reclamaron su derecho sobre la misma. El Ayuntamiento tuvo que firmar de urgencia un decreto de ocupación de la parcela para poderla registrar a su nombre y, posteriormente, cedérsela al Atlético de Madrid para que pueda hacer negocio con ella.
El regalo municipal al Atlético de Madrid compensa otro hecho al Real Madrid, al que el Ayuntamiento permitió convertir un complejo destinado a tiendas deportivas, gimnasios y salas de trofeo en una esquina comercial con hipermercados y restaurantes. Aquella excepción dio lugar a otras, como la del Atlético de Madrid o como la que intentó el Real Madrid con sus terrenos del Paseo de la Castellana. Las instituciones pagaron en ese caso 4.500 millones de pesetas en 1997 para evitar un litigio con el club blanco.
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