Un delito fiscal que quedó impune
El auto de archivo dictado por la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona acabó con el proceso penal iniciado contra Jaime Sentís tras la querella presentada contra él por la fiscalía, en la que se le acusaba de haber defraudado 501 millones a la Hacienda pública al liquidar sus impuestos de 1988, 1989 y 1990.Esa querella se presentó tras varios años de investigaciones y el caso fue a parar al Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que estuvo otros tres años investigando a Sentís, el ex director financiero de Casinos de Cataluña que denunció la financiación irregular a través de esta empresa de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol.
El TSJC recuerda que apenas cuatro meses antes de que se dictara el auto prevaricador el juzgado instructor había impuesto a Sentís una fianza de 614 millones de pesetas y había ordenado el embargo de sus bienes. Días antes de dictar el auto prevaricador, Raposo dictó otra resolución que, según el TSJC, impidió al fiscal recurrir el archivo de la causa ante el Tribunal Supremo.
La sentencia recuerda "el derecho de la sociedad a que se castigue al culpable que ha cometido un hecho delictivo, que afecta en último término a los intereses generales".
Fuentes judiciales consultadas ayer por este diario afirmaron que, aunque la sentencia contra Raposo fuese firme, eso no comportaría la reapertura del proceso contra Sentís, pues dictar una resolución prevaricadora no está incluido en los supuestos de nulidad.
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