La línea y la dieta

El editorial de EL PAÍS del pasado lunes 8 de noviembre calificaba el sistema de dietas por asistencias a consejos de empresas públicas como un "mecanismo que fomenta el clientelismo político", trasladando, en su contenido, la confusión que se observa al tratar la cuestión. Porque, indudablemente, se puede y se debe, en una sociedad democrática, hacer un debate sobre la retribución de los cargos públicos, sobre su régimen de incompatibilidades, sobre el régimen de los órganos de administración de las empresas públicas y sobre las cajas de ahorro, su estructura institucional y sus administradores. Pero lo que me parece realmente absurdo es mezclar todas las cuestiones sin analizar lógica y sistemáticamente el fondo de la cuestión, que no es otro que el de la retribución de los cargos públicos y de los representantes políticos, que son dos cosas distintas que no siempre coinciden. Y sobre todo, si el debate se plantea con el objetivo de deslegitimar éticamente situaciones o de hacer exhibicionismo, que siempre es posible hacerlo, me parece un procedimiento perverso y mezquino.Deseo recordar que en el año 1983, el 26 de diciembre, se aprobó por el Gobierno de la nación una ley sobre incompatibilidades de altos cargos que sirva de base a la normativa actual, y que en su artículo 6.2 dice que cuando representen a la Administración en los órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas con capital público "podrán percibir por los indicados cargos o actividades compatibles las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan y que se acomodarán al régimen general previsto para la Administración del Estado".

Por tanto, si se aceptase que este sistema fomenta el clientelismo político, los promotores de este clientelismo están trabajando desde el año 1983. Pero parece que el clientelismo político tiene formas más sutiles para su fomento. Acercarse de esta manera a la dirección de las empresas públicas es bastante frívolo, ya que la cuestión principal debe centrarse en la asimilación de estas empresas a las privadas o en la búsqueda de una categoría nueva que las singularice.

Sin apartarme del centro de la polémica, parece que se asombra el editorialista de que el alcalde de Madrid cobre "el mejor salario de todos los regidores de España". A mí me asombraría lo contrario: que un alcalde de una población menor cobrase más, aun cuando no sé si lo que se propone es que todos los alcaldes cobren lo mismo.

En cualquier caso, la pregunta es si los cargos públicos deben cobrar no menos, sino la mitad, por decir algo, de lo que cobre una persona con similares responsabilidades en la vida privada. Porque se transmite que la retribución de un alcalde, en este caso el de una ciudad que, además de ser capital, administra un presupuesto superior al de muchas comunidades autónomas y ministerios, se considera excesiva. Y si en general los políticos, los que desempeñan cargos públicos, deben cobrar unas cantidades similares a las que tienen en la esfera privada quienes desempeñan actividades homogéneas o, por el contrario, nuestra sociedad quiere pagar a los políticos unas cantidades inferiores. Resultará, por tanto, que el mercado de los recursos humanos en la política quedará limitado para quienes tengan patrimonio propio o acepten una reducción temporal de sus ingresos, o se sientan satisfechos porque su equivalencia con la esfera privada no se ve afectada o mejora. Es cierto que el acceso a la política es voluntario, pero la cuestión sigue siendo lo que la sociedad está dispuesta a pagar a un cargo público en relación con lo que la sociedad paga a un ejecutivo, un director de medio de comunicación, un piloto o un presidente de un club de fútbol. Porque al final, por la vía de los impuestos o del consumo, están siempre pagando los ciudadanos. Y mientras que en el mundo privado el mercado dicta las retribuciones, en la política no se aceptan ni siquiera comparaciones exógenas, y el sueldo de los políticos siempre se considera excesivo y lleno de prebendas, sin valorar ni su trabajo, ni su dedicación, ni su responsabilidad.

Escandalizarse de lo que ganan los demás es un deporte ciertamente fácil. No conozco a nadie que se sienta bien pagado ni a nadie que considere que paga poco a Hacienda. Y las posibilidades de comparación son múltiples y se pueden hacer los malabarismos más divertidos. Ahora bien, si se quiere hacer un debate sereno hay que tener cierta voluntad para diseccionar y no simplificar ni generalizar. Por eso, hablar de "decenas de millones, decenas de concejales y decenas de consejos a los que no acuden" es tan falaz y poco riguroso como todas las generalizaciones.

No sé si se considera que "lo político" carece de valor, que los políticos son unos sinvergüenzas o que la ética pública no se expresa a través de la ley en una sociedad democrática. Pero flaco favor hacen a la democracia y a sus instituciones quienes gozan representando a los políticos como poceros de sus propios privilegios.

Nadie se ha opuesto a reformar las retribuciones, pero sí a hacerlo a empujones. Nadie se ha opuesto a buscar acuerdos necesarios para estudiar y modificar el régimen de las cajas de ahorro, pero sí a hacer presentaciones maniqueas o pensar que Caja Madrid es un pesebre donde un grupo de políticos privilegiados pasta a sus anchas. Y todos deberíamos hacer una reflexión sincera y no farisaica sobre la retribución de nuestros cargos públicos. Personalmente, me apunto a que los mejores de cada actividad vengan a la política. Pero no a hacer prácticas de santidad o de anacoretas, sino a aportar todos sus valores para que los intereses públicos sean defendidos. Y lo expreso desde mis convicciones liberales. Y para que esto suceda es necesario valorar la política y no tener miedo a establecer unas retribuciones adecuadas.