La juez imputa a De la Rosa y otras 9 personas en tres de las operaciones del 'caso Torras'

La investigación judicial sobre la gestión de Javier de la Rosa al frente del Grupo Torras durante los años ochenta y principios de los noventa, que provocó a la mayor suspensión de pagos de la historia económica española, ha dado un enorme paso al dictar la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios un auto en el que cierra la instrucción de tres operaciones incluidas en la querella que la empresa presentó en enero de 1993. La juez imputa a 10 personas, entre ellas a De la Rosa, al abogado Juan José Folchi y al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal.

La lista de imputados incluida en el auto dictado por la juez el pasado viernes, aunque conocido ayer, se completa con los nombres de Jorge Núñez, ex consejero delegado de Torras y ex presidente de Torraspapel; Manuel Guasch, ex presidente de la azucarera Ebro (propiedad de Torras) y miembro del consejo de este último grupo; Plinio Coll, gibraltareño y asesor en las operaciones realizadas a través de paraísos fiscales; Miguel Soler Sala, ex director financiero de Torras; José María Sot, ex secretario del mismo grupo, Richard Robinson, ex ejecutivo de KIO, propietario de Torras y miembro de su consejo; y Michael Smurfit, presidente del grupo papelero irlandés del mismo nombre.Enrique Sarasola, que estaba implicado en una de las operaciones, ha quedado exculpado por haber prescrito los delitos que se le imputaban. Asimismo, quedan por incluir el ex presidente de KIO y de Torras, Mohamed Al Sabah, y el ex director general de KIO, Fouad Jaffar, ambos en busca y captura por orden de la juez Palacios.

En el mismo escrito, la magistrada acuerda abrir procedimiento abreviado y da un plazo de cinco días a las acusaciones para que presenten sus escritos. Ayer Torras anunció que pedirá una ampliación del plazo hasta diez días. Asimismo, las partes disponen de un plazo de tres días para presentar recursos contra la decisión de la magistrada. El abogado de De la Rosa ya anunció su intención de recurrir.

En su auto, Teresa Palacios acuerda concluir como piezas separadas las referidas a las operaciones Icsa-Inpacsa; Croesus y Wardbase. Debido a las diferentes conexiones entre todas ellas, la juez ha asumido las peticiones de Torras y del fiscal del caso en favor de que el juicio de las tres operaciones se realice simultáneamente.

Ventas papeleras

La primera de las operaciones fue la venta de la papelera Icsa, filial de Torras, iniciada en abril de 1987. En una primera fase, Torras la vendió a otra de sus filiales, Inpacsa, por 1.900 millones de pesetas. En abril de 1998, Torras decidió vender de nuevo Icsa, en este caso a una sociedad gibraltareña llamada Croesus por 4.200 millones de pesetas. En ese momento, sin embargo Inpacsa, la que vendía Icsa, ya no era 100% de Torras, pues el 45% del capital estaba en manos de pequeños accionistas que lo habían comprado en bolsa, en gran parte por el valor que implicaba que fuera propietaria de Icsa.Finalmente, en septiembre de 1988, Icsa fue vendida de nuevo por la sociedad gibraltareña a la empresa irlandesa Smurfit por casi 12.000 millones de pesetas. Es decir, 7.800 millones más que en la venta anterior. Según ha puesto de manifiesto la investigación del caso, la mayor parte de ese dinero fue a parar a cuentas suizas propiedad de los ex gestores del grupo, principalmente a una cuenta con la clave Carnation en el Bank of América (BOA) cuyo beneficiario era De la Rosa.

Según la juez, en esta venta De la Rosa, Juan José Folchi, Jorge Núñez, Plinio Coll, Manuel Guasch, Miguel Soler, José María Sot, Richard Robinson y el propietario de Smurfit, Michael Smurfit, cometieron los supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad continuada y de maquinación para alterar el precio de las cosas.

La segunda operación se realizó también a través de la sociedad Croesus y tuvo lugar en junio de 1988. En esa fecha, una filial internacional de KIO abonó 27,4 millones de dólares en una cuenta suiza con la clave Bigley en el Merryl Lynch de Ginebra y propiedad del empresario Enrique Sarasola.

Torras, que no obtuvo ningún beneficio de la operación, asumió su coste mediante un crédito formalizado a través de la compañía Croesus. En esta operación se imputan los supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad continuada y maquinación para alterar el precio de las cosas contra De la Rosa y el ex director financiero de Torras, Miguel Soler. La juez no ha imputado al empresario Enrique Sarasola porque los delitos que se le podían imputar habrían prescrito.

La operación Wardbase tuvo lugar en mayo de 1992, pocos días antes de que De la Rosa y su equipo abandonaran Torras. De la Rosa ordenó pagar 1.900 millones de pesetas de Torras a una cuenta que el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal poseía en el banco suizo Sogenal. El pago se encubrió supuestamente con una factura falsa de la sociedad Wardbase por importe de 2.000 millones de pesetas. Por esta operación, la juez imputa los supuestos delitos de apropiación indebida y de falsedad a De la Rosa, Manuel Prado y Jorge Núñez.

Otras operaciones

A pesar del importante avance de la instrucción que supone el auto dictado por la de la juez Palacios, el caso Torras está aún lejos de abandonar la fase de instrucción, ya que aún quedan varias operaciones por analizar. Entre ellas, las referidas a la facturación de miles de millones de Quail, la sociedad patrimonial de De la Rosa a Torras; la compra venta de un avión privado de la empresa; la operación Pincinco, en la que se volatilizaron más de 300 millones de dólares (más de 30.000 millones de pesetas de la época).De todos los imputados en el caso, tan sólo De la Rosa se encuentra actualmente en prisión por orden de la juez Palacios. La Sala de la Audiencia acordó en su momento la libertad con fianza de 5.000 millones de pesetas, que De la Rosa no ha aportado.

La juez decidió en octubre del año pasado enviar a De la Rosa a prisión tras recibir documentación, a través de una comisión rogatoria, que demostraba que De la Rosa había recibido más de 30.000 millones de pesetas en cuentas suizas a su nombre, algo que el financiero había negado constantemente en sus declaraciones.

El caso Torras desembarcó en los tribunales en enero de 1993 cuando los propietarios de la empresa, el grupo kuwaití KIO denunció a sus ex gestores.La querella fue rechazada inicialmente por el juez Miguel Moreiras, quien fue obligado a instruir el caso por la Sala de la Audiencia. Finalmente, Moreiras fue apartado de la Audiencia Nacional y le sustituyó Teresa Palacios.