Piqué afirma que la corrupción es preocupante, pero no generalizada

El Gobierno está preocupado por los casos de corrupción que han saltado a la opinión pública en los últimos días, admitió ayer su portavoz, Josep Piqué, quien los justificó alegando que hay "centenares de miles de funcionarios y responsables públicos" y no se puede garantizar que todos "tengan un comportamiento estrictamente escrupuloso".En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Piqué alegó que se trata de "fenómenos absolutamente singulares", por lo que la situación actual "no tiene nada que ver con el clima generalizado de corrupción que existía en los años 95 y 96", cuando gobernaba el PSOE.

A su juicio, agregó refiriéndose a los socialistas, "alguien está buscando escándalos desesperadamente", a través de un técnica que consiste en "magnificar algunas cosas" y "crear un clima que no responde a la realidad".

Se escudó en las encuestas para destacar que la corrupción "no constituye en estos momentos una preocupación de los españoles", al contrario de lo que sucedía en la anterior legislatura.

El portavoz del Gobierno realizó estas reflexiones al hilo de una pregunta sobre la proliferación de noticias en torno a adjudicaciones irregulares en la construcción de la línea de AVE Madrid-Barcelona, el traslado de la sede central de Correos o la compra de armamento por parte del Ministerio de Defensa.

Diferentes escándalos

Piqué reconoció que, "efectivamente, ha habido cosas concretas que han aconsejado decisiones inmediatas para evitar cualquier tipo de especulación posterior", refiriéndose al cese de dos altos cargos del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que adjudicaron contratos, por más de 5.600 millones de pesetas, a empresas a las que estuvieron vinculados y con las que en algún caso mantienen relaciones familiares.En cambio, calificó de "temas sin la menor base" los casos que afectan a los ministros de Fomento, Rafael Arias-Salgado, y Defensa, Eduardo Serra.

El primero se refiere al traslado de la sede central de Correos a un edificio propiedad de un ex socio del director general del organismo público, José Ramón Esteruelas, y del propio ministro Arias-Salgado, a cambio de un alquiler anual de 540 millones.

El segundo se basa en la adjudicación de dos contratos, por valor de 3.441 millones de pesetas, a Peugeot-Talbot por parte del ministro Serra, quien fue presidente de dicha empresa antes de acceder a la cartera de Defensa, según informó ayer Diario 16.

El Ministerio de Defensa difundió una nota en la que asegura que el primer contrato, referido al carro de Zapadores, fue ganado en concurso público por Peugeot-Talbot en 1995, antes de que Serra fuese nombrado ministro. Al segundo, que consistía en el desarrollo de un vehículo lanzapuentes, fue la única empresa que presentó oferta y ya había diseñado un prototipo en 1990.