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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Es de ley

HABRÁ LEY de Extranjería antes de que acabe la legislatura, y será la más abierta de Europa, según opinan los especialistas y reconocen los sindicatos. El partido del Gobierno, aleccionado por sus socios catalanes, ha desistido de su empeño en retrasar la tramitación del proyecto legislativo por razones presupuestarias: consideraba que la extensión a los inmigrantes no legalizados de la asistencia social básica sería demasiado costosa. El consenso ahora recuperado hará posible tramitar la ley por procedimiento de urgencia, evitando el riesgo de que decaiga por disolución de las Cortes antes de su aprobación.Los demógrafos admiten la necesidad de una regulación de los flujos migratorios en dirección a los países de la Unión Europea, y las instituciones comunitarias exigen a España más eficacia en el control de sus fronteras. Pero una cosa es regular y otra impedir, algo imposible e injusto, además de inconveniente: el ministro de Trabajo calculaba hace poco en unos 45.000 los puestos de trabajo que habrían de ser cubiertos el año próximo por inmigrantes. Esa tendencia se mantendrá porque la baja tasa de natalidad hará necesario seguir cubriendo con mano de obra exterior huecos de hecho existentes en determinados sectores del mercado laboral español. Y aunque se garanticen los derechos sociales básicos de esos trabajadores -sanidad, educación, asistencia jurídica-, como establece la nueva ley, su coste será menor que el equivalente con trabajadores autóctonos. Los inmigrantes llegan tras haber superado en sus lugares de origen la niñez y adolescencia, es decir, ya preparados para trabajar.

La ley tiene una clara intencionalidad integradora. Además de garantizar esos derechos básicos a los inmigrantes sin papeles, facilita la regularización de aquellos de entre ellos que puedan acreditar dos años de residencia y establece la igualdad de derechos (excepto el de voto) de los ya legalizados con los nacionales. Es, por tanto, una ley que va en el buen sentido, aprovechando el buen momento de la economía española. Así suele avanzar la causa de los derechos humanos. En los momentos de crecimiento económico, algunos beneficios del Estado de bienestar se extienden a sectores especialmente desprotegidos y, con el tiempo, se consolidan como derechos. Felicitémonos por ello.

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