Jueces para la Democracia exige la dimisión de Mariscal de Gante

El 14º congreso de Jueces para la Democracia, iniciado ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), aprobó la gestión del secretariado "en los objetivos perseguidos" en la negociación salarial e insistió en vincular el aumento retributivo a las reformas de la Administración de Justicia propuestas por el Consejo General del Poder Judicial. Tras un debate autocrítico, se pidió también la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por su "incapacidad para abordar y gestionar la reforma".

Mariscal de Gante, al ser preguntada anoche en el Club Siglo XXI por la solicitud de dimisión, aseguró: "Me parece muy bien pero no voy a dimitir". La titular de Justicia cuestionó que exista voluntad de diálogo por parte de los jueces y fiscales.La explicación, por parte de los miembros del secretariado, de la negociación retributiva que realizan las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales fue acogida inicialmente con reticencias por parte de los congresistas, varios de los cuales recordaron que Jueces para la Democracia (JpD), como asociación progresista, nunca había puesto el acento en los salarios y sí en el servicio público a los ciudadanos.

Ricardo Bodas resaltó que es la primera vez que se negocia un alza salarial a cambio de resultados en la cantidad y la calidad del trabajo judicial y fiscal y que hasta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre planteó incrementos lineales, ha asumido ese compromiso con la productividad.

El otro negociador por JpD, Javier Martínez Lázaro, destacó que la negociación unitaria está planteando "controles con módulos de trabajo mínimo", lo que consideró novedoso en una reclamación salarial, pero estimó que "sin incremento retributivo será difícil lograrlo".

En cuanto a las medidas de presión acordadas, Garbiñe Biurrun expresó su "miedo a las concentraciones de las cúpulas judiciales y a que las salas de gobierno [dominadas por la APM] se pronuncien". Así, propuso que JpD "suspenda su participación en la mesa negociadora de las retribuciones".

"Manifiesta incapacidad"

La propuesta de Biurrun se suavizó considerablemente al intervenir otros congresistas en su redacción. El texto aprobado, con 33 votos a favor, 13 en contra y 39 abstenciones, pide "expresamente la dimisión de la ministra de Justicia", Margarita Mariscal, dada su "manifiesta incapacidad para abordar y gestionar" la reforma de la justicia.Dadas las reticencias a la actuación del secretariado, sus miembros plantearon una especie de moción de confianza, en forma de propuesta, que fue aprobada por 69 votos favorables, ninguno en contra y 16 abstenciones. Su texto es el siguiente: "El congreso de JpD aprueba la gestión del secretariado en los objetivos perseguidos hasta la fecha en la línea de negociación con el Ministerio de Justicia. En consecuencia, el congreso mantiene la propuesta de solicitud de un aumento retributivo en el marco de la exigencia de la reforma de la Administración de Justicia, en la línea de las propuestas del Libro Blanco elaborado por el CGPJ".

La primera ponencia debatida en el congreso fue la relativa a la instrucción en el proceso penal. El magistrado Alberto Jorge Barreiro abogó por que la instrucción deben realizarla los jueces, pero desdoblados: uno, para investigar el delito; otro, para garantizar los derechos fundamentales del imputado.

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