Jueces y fiscales deciden mañana "medidas firmes" para su aumento salarial

Las asociaciones de jueces y fiscales decidirán mañana "medidas firmes" contra la negativa de Justicia a subir sus sueldos más de un 2% para el año 2000. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ricardo Bodas, preparan actuaciones "que escenifiquen con firmeza el problema, pero que no perjudiquen el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva". Los representantes de jueces y fiscales reprochan a Justicia que presente su reclamación del 25% como inamovible cuando su voluntad es realizar una negociación flexible, lo que resulta imposible por la negativa gubernamental.El presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Martínez Vares, dijo ayer a Antena 3: "No nos han dejado entrar a negociar, nos han cerrado la puerta de modo ignominioso". "A título personal", Martínez Vares descartó la huelga entre las posibles medidas. "No voy a ejercer un derecho que no tengo", dijo.

Javier Martínez Lázaro, de la progresista y minoritaria JpD, estima que el derecho a la huelga "no está excluido para los jueces, ya que la Constitución sólo prohíbe que los jueces y fiscales pertenezcan a partidos o sindicatos".

En todo caso, las asociaciones desean realizar presiones unitarias, por lo que no es probable que se proponga una huelga si no hay acuerdo general sobre ella en la reunión que celebrarán mañana.

Otras propuestas que se debatirán serán las aprobadas el pasado fin de semana por la minoritaria y moderada asociación Francisco de Vitoria, consistentes en dejar de acudir a los tribunales de oposiciones, no participar en las juntas electorales o, como anticipó ayer a Efe su nuevo portavoz, José Luis González Armengol, "el cumplimiento estricto de las leyes en todos sus aspectos, lo que afectaría a la agilidad de los trámites".

Estas iniciativas no prosperarán, ya que APM y JpD desean que las presiones no repercutan en los ciudadanos como ocurriría si se realizara una "huelga de celo", ni incumplan la ley, lo que se produciría si todos los magistrados se negaran a incorporarse a las juntas electorales.