La polémica frustra el intento de la patronal CEOE de suavizar la fiscalidad de las opciones
El malestar por los incentivos de Telefónica es palpable entre otras grandes empresas con planes similares, según aseguran fuentes de CEOE y expertos fiscales consultados. Mucho más cuando al menos dos entidades financieras tenían proyectado la concesión de opciones sobre acciones entre sus directivos que ahora han anulado.Las opciones sobre acciones son una práctica habitual entre las multinacionales y grandes empresas, que no abarcan sólo a los directivos y que se usan para vincularles con la marcha del negocio. El instrumento está regulado en todos los países, incluido España, pero lo de Telefónica se considera "un abuso", reflejo de "una nueva cultura del pelotazo".
La polémica de las opciones de Telefónica no sólo ha puesto bajo sospecha a cualquier empresa que tenga incentivos similares, sino que ha frustrado las negociaciones que representantes de CEOE llevaban a cabo con Hacienda en las últimas semanas para suavizar su tratamiento fiscal.
La fiscalidad de las stock options se reguló en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor este año. En él se estableció que las opciones ejercidas dos años después de la fecha en que se concedió el derecho tienen una reducción del 30% en el IRPF como una renta del trabajo irregular. La condición es que ese incentivo no se obtenga de forma "periódica o recurrente".
Esto supuso una mejora con respecto al trato fiscal anterior, en que la ganancia tributaba también como una renta del trabajo, dividida entre el número de años en que se había generado pero sin la reducción del 30%. Este avance fue considerado insuficiente por las empresas y abrió una nueva negociación entre CEOE y Hacienda para que se suavizara más la fiscalidad.
La propuesta de CEOE consiste en que la concesión del derecho (la opción) se valore como una renta del trabajo en especie y tribute como tal en el momento en que se suscribe. La revalorización, es decir, la diferencia entre el precio inicial de la acción y el que existe en el momento en que se compra, tributaría como una plusvalía, al tipo fijo del 20%.
Este sistema sería similar al que se aplica en Bélgica, Italia o Francia (aunque aquí está sujeto a revisión) y supondría resolver algunas dudas interpretativas que, a juicio de los expertos consultados, plantea el actual reglamento del impuesto sobre la renta.
Ahora esta propuesta ha quedado en vía muerta, tras anunciar el ministro de Economía, Rodrigo Rato, el pasado viernes, un endurecimiento de la fiscalidad de las opciones. La intención de Rato es que sólo puedan disfrutar de la reducción del 30% las opciones que no sobrepasen un determinado porcentaje de la retribución salarial fija.
Entre varios expertos consultados se considera que los incentivos de Telefónica no pueden considerarse opciones sobre acciones "clásicas". Éstas implican que su titular debe comprar la acción en el plazo establecido, mientras que en el caso de Telefónica se trata de una "paga extra" o bonus que normalmente se vincula a los beneficios. En Telefónica, el incentivo se relaciona con el valor de la acción, además, con unos coeficientes multiplicadores.
Otra de las dudas es si la fórmula de Telefónica es legal; es decir, si cumple lo establecido en el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. En él se señala que las retribuciones de los administradores deberán ser fijados en los estatutos sociales.
Se quedan fuera de esta norma las retribuciones de los directivos, a lo que se podría acoger, por ejemplo, el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que reúne esta condición a la de presidente del Consejo de Administración para no acogerse a la normativa en sus retribuciones especiales.
