Las polémicas 'stock options' de Telefónica obligan al Gobierno a endurecer su fiscalidad

La tormenta política desatada por las stock options (opciones para la compra de acciones) de Telefónica ha obligado al Gobierno a buscar nuevas fórmulas para frenar la polémica. Primero fueron las enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos del 2000 que obligan a los poseedores de las opciones a declararlas a la Comisión de Valores. Ayer, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció que ha dado instrucciones a la Dirección General de Tributos para endurecer la fiscalidad.Aunque la fórmula concreta está a estudio, fuentes de Hacienda señalaron que se trata de que los sobresueldos millonarios que se perciben a través de las opciones guarden una determinada proporción con las retribuciones normales. Lo que exceda de ese porcentaje no disfrutaría de la reducción del 30% que ahora se aplica para las ganancias así obtenidas, cuando han transcurrido más de dos años entre la opción y la compra, al tratarse de una renta irregular.

En el caso de Telefónica, esto significaría que los cerca de 45.000 millones que la compañia repartirá entre sus directivos tengan una penalización fiscal. Este plan se instrumentó en el año 1997 y vence en febrero del 2000, justo antes de las próximas elecciones generales. Para esa fecha estará aprobada la modificación que prepara Tributos del reglamento del IRPF vigente.

Cultura del "pelotazo"

Las enmiendas del PP, presentadas la pasada semana, se limitaron a establecer requisitos de transparencia en este tipo de retribuciones desde el 1 de enero del 2000. En concreto, se obliga a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las retribuciones así pactadas, a incluirlas en los estatutos de la empresa y a recibir el visto bueno de la junta de accionistas.Pero esto ha parecido ahora insuficiente al propio Rato, alertado por la nueva cultura del pelotazo que parece instalarse en los aledaños del PP. El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, amigo del presidente del Gobierno, José María Aznar, y nombrado por éste, simboliza en esta etapa la idea del enriquecimiento rápido que tan malos resultados le dio al anterior Gobierno del PSOE.

La diferencia es que ahora todo es legal, como se encargó ayer de dejar claro el propio Rato. "No se trata de un pesebre", dijo el vicepresidente, "sino de la utilización de instrumentos legales que existen en los mercados a disposición de cualquiera". Pero una cosa es esto y otra diferente es que se utilice sin medida para pagar sobresueldos millonarios con ventajas fiscales mediante la compra de opciones en la propia empresa.

A ello responde la modificación fiscal anunciada, que Rato quiere dejar fuera del debate político. "Me parece injusto politizar esta cuestión", dijo y aseguró que la oposición "pierde el tiempo" al intentar que el Gobierno cargue con la responsabilidad política del uso de las llamadas stock options.

"Lo que me parece absolutamente fuera del debate", añadió, "es que a personas que no tienen nada que ver con la política, sino que son profesionales perfectamente cualificados se les quiera mezclar en un debate político". A la pregunta de si entiende que el cambio fiscal anunciado es la respuesta del Gobierno a un "abuso" por parte de Telefónica, contestó: "no, para nada".

Lo que se persigue es un nuevo tratamiento fiscal "equitativo" con las demás rentas del trabajo y que las opciones guarden "cierta proporción" con los salarios fijos. La opción se pacta, por lo general, a un precio inferior al de mercado, y cuando se ejercita el derecho, es decir, cuando se compra la acción, de la ganancia sólo tributa un 70% en el IRPF como una renta del trabajo y si han transcurrido más de dos años.

Pese a su intención de sacar este asunto del debate político, Rato tendrá que dar explicaciones en el Congreso, tras rechazarse esta semana la comparecencia de Villalonga. Algo que el vicepresidente, si pudiera, evitaría, como ayer dejó claro en respuesta a una pregunta sobre si está dispuesto a asumir el coste político que al Gobierno le supone la operación de Telefónica.

Las relaciones de Rato con el presidente de la compañía han quedado, por otra parte, seriamente dañadas, tras la dura batalla que precedió, hace unas semanas, a la rebaja de las llamadas locales.