Arranca el juicio oral del "caso Ollero" a los siete años de abrirse el proceso

La Sala Primera de la Audiencia de Sevilla acogerá desde esta misma mañana el juicio del denominado caso Ollero, sobre el presunto pago de comisiones a altos cargos de la Administración andaluza en relación con la construcción de una carretera. Las defensas de los cinco imputados pedirán mañana la nulidad de las pruebas obtenidas en las primeras investigaciones judiciales, que se remontan a enero de 1992, por haberse obtenido tras violar los derechos fundamentales con unas escuchas telefónicas que desvelaron la presunta trama.

Todo este caso, que supuso una verdadera sacudida en la vida política española, comenzó con un anónimo que recibieron por partida triple en enero de 1992 el entonces presidente de Izquierda Unida en Andalucía, Luis Carlos Rejón, un diario y el juez del caso Juan Guerra, Ángel Márquez. En ese escrito se denunciaba a gran parte de la cúpula de la Junta de Andalucía, por su presunta relación con cobros ilegales destinados a financiar el PSOE. El anónimo llegó a las manos de la juez Pilar Llorente que inmediatamente comenzó a investigar por su cuenta los delitos narrados en ese documento sin firma.En el mes de julio de ese año, la policía detuvo a Jorge Ollero en las inmediaciones del aeropuerto de San Pablo, con un maletín que contenía 26 millones de pesetas en billetes nuevos. El detenido es el hermano de Manuel Ollero, entonces director general del Carreteras de la Junta de Andalucía, y el dinero, presuntamente, era parte de una comisión ilegal de 127 millones de pesetas que la empresa Ocisa pagaba a algunos funcionarios de la Administración andaluza tras hacerse con la adjudicación de la construcción del tramo de carretera entre Las Pedrizas y Salinas, con un presupuesto de casi 3.000 millones.

A los pocos días, se hizo pública la detención de Ollero y el caso se aceleró y agigantó con la imputación del entonces consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, Manuel Ollero, el empresario y presunto intermediario, Pedro Llach, y el presidente y el director general de Ocisa, Jesús Roa y Luis Nogueira, respectivamente.

La política se apoderó del caso que no abandonaba los principales titulares ni un solo día. A esto ayudaron algunos sucesos peculiares como la primera declaración de Jorge Ollero, en la que lo admitía todo y llegaba a implicar a altos cargos socialistas en una presunta red de financiación ilegal del partido, o cuando los guardias de seguridad de la sucursal del BBV en los juzgados rompieron el precinto de la saca con los billetes nuevos aprehendidos y los cambiaron por usados.

A lo largo de siete años, el caso ha reaparecido puntualmente en la actualidad e incluso uno de los imputados, Pedro Llach, y uno de los abogados han muerto. La primera jornada del juicio oral estará protagonizada por las cuestiones previas de los abogados de la defensa. La estrategia de los letrados es pedir la nulidad de las pruebas desde el inicio mismo de la investigación de la juez Llorente. La primera irregularidad en el proceso, a juicio de la defensa, es que la juez comenzara a investigar un caso con un escrito anónimo como única base. Para comenzar un proceso penal, los cauces son una querella, una denuncia o un atestado de la policía. La juez, por lo tanto, debería haber pasado el escrito a la policía que, a su vez, presentaría el correspondiente atestado con el resultado de sus pesquisas. La decisión de la juez Llorente de comenzar la investigación, según aseguran varios expertos e independientemente de que a la postre el delito se pruebe, pertenece a épocas o regímenes políticos en los que el rumor es suficiente para actuar contra un ciudadano.

El segundo aspecto al que se ciñen las estrategias de la defensa es declarar nulas las pruebas obtenidas tras intervenir los teléfonos de los acusados. En primer lugar y de nuevo con la única base de un anónimo y, además, que los pinchazos se prolongaron durante muchos meses.

En el juicio que hoy comienza, el fiscal pide dos años y cuatro meses de cárcel, inhabilitación por 12 años y 127 millones de multa para López Martos por prevaricación y cohecho; dos años y siete meses de cárcel, 18 años de inhabilitación y tres multas de 127 millones para Manuel Ollero, por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos; seis meses de prisión y 127 millones de multa para Jorge Ollero; dos años y cuatro meses de prisión y 127 millones de multa para Roa y 20 meses de cárcel y 900.000 pesetas de multa para Nogueira.