La policía andaluza vigilará la expansión urbanística en la costa

Los promotores se vuelcan en el litoral gaditano

Alejandro Bolaños Antonio Hernández-Rodicio

Sevilla - 31 oct 1999 - 00:00CEST

/ CádizEl Gobierno andaluz ha tomado nota de experiencias como la de Marbella y en el 2000 reforzará la vigilancia urbanística en las costas: contratará más técnicos para aumentar las inspecciones y, por primera vez, encargará a la policía autonómica la investigación de obras ilegales. Cádiz y Málaga albergarán las primeras oficinas de control urbanístico del litoral, que la Junta financiará con 100 millones de pesetas al año. Los responsables del Ejecutivo regional no ocultan su preocupación por las tensiones urbanísticas en los municipios gaditanos, muchas de cuyas playas aún son semivírgenes.

La policía autonómica andaluza tienen una nueva misión. Hasta ahora los 150 agentes de este grupo del Cuerpo Nacional de Policía adscrito al Ejecutivo regional investigaban las causas de los incendios, hacían guardia en edificios públicos o sellaban vertederos ilegales. A partir del próximo año, también vigilarán el cumplimiento de la normativa urbanística en los edificios y las obras que se ejecuten en las costas de Cádiz y Málaga.Las inspecciones sobre el terreno de esta policía urbanística andaluza se completarán con un intenso escrutinio desde el cielo. El Gobierno andaluz (una coalición de socialistas y andalucistas) no sólo pretende multiplicar la frecuencia con la que se realizan fotografías aéreas del litoral, sino que también contratará los servicios de satélites para seguir la evolución de la edificación en las costas.

La elección de Cádiz y Málaga para situar las primeras oficinas de control en el litoral, responde a motivos dispares. En la Costa del Sol, el Gobierno andaluz se ha encontrado con el mayor foco de insurrección urbanística: el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil desde 1991. La Consejería de Obras Públicas ha llevado ante la Fiscalía casi un centenar de construcciones supuestamente ilegales levantadas bajo el mandato de Gil.

Parajes semivírgenes

La nueva fuente de preocupación para los responsables urbanísticos de la Junta se sitúa ahora en Cádiz. Entre los 200 kilómetros de playas del litoral gaditano hay una gran proporción de parajes semivírgenes, sin urbanizaciones a pie de costa: los terrenos que posee el Ministerio de Defensa (en San Fernando, Barbate y Rota) y una intensa protección medioambiental (un 30% de la superficie provincial) explican esta situación. El enorme tirón del turismo (dos billones de ingresos en la comunidad) abre nuevas oportunidades y los promotores están dispuestos a aprovecharlas. "Ya notamos la presión", admite el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo. "Nuestro objetivo es dar apoyo técnico a los ayuntamientos", explica, "pero si no actúan, la Junta puede hacerlo subsidiariamente".

El último escándalo político, el supuesto intento de compra de un edil del PP por un dirigente socialista de Sanlúcar de Barrameda, es una muestra más de que las tensiones urbanísticas presiden la vida de los municipios gaditanos. IU y los ecologistas han pedido que se investigue si Alfonso de Hohenlohe (dueño de un suelo rústico recalificado por el Ayuntamiento socialista hace años para crear un proyecto residencial) tiene algo que ver con el pago de los 50 millones de pesetas del soborno, acusación que Hohenlohe ha rechazado.

La presión urbanística también se deja notar en otro municipio gaditano, Vejer (PSOE), donde se permitió al empresario Antonio Blázquez la construcción de una serie de apartahoteles que recibieron la mayor sanción medioambiental en la historia administrativa de la Junta: una multa de 50 millones por talar un pinar. Y en Barbate, donde en estos últimos años se han levantado varias construcciones ilegales en parajes tan renombrados como Zahara de los Atunes o Caños de Meca, ante la pasividad municipal. En Tarifa, incluso, el Ayuntamiento pretende poner en pie una polémica operación en la finca El Chaparral, sobre la que pesan hasta tres figuras de protección ambiental, y en la que unos promotores quieren levantar un complejo de 1.200 camas y un campo de golf de 27 hoyos.

En San Fernando, la desafección de una parte de la playa militar de Campo Soto y el traslado de los polvorines a Barbate ha disparado las expectativas del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Andalucista: Defensa posee ocho millones de metros cuadrados de suelo en este municipio, en la Bahía de Cádiz.

Los responsables autonómicos quieren garantizar que los gobiernos locales no se dejen llevar por las ansias de los constructores; prefieren modelos como el de Chipiona, con un desarrollo hotelero de baja intensidad alrededor del campo de golf de Sancti Petri o Costa Ballena (entre Chipiona y Rota), donde la Junta ha invertido 12.000 millones en urbanizar un suelo que compró a la familia Orleans y Borbón.

La marea de partidos independientes llega a Cádiz

Algunos gobiernos municipales gaditanos han sido escenario de estrechas relaciones entre la política y los promotores urbanísticos, que acuden al reclamo de enormes cantidades de suelo sin dueño privado en la costa atlántica en estado semivirgen. La debacle del PSOE en la provincia ha abierto las puertas de los ayuntamientos a las formaciones independientes que, con proyectos personalistas o económicos, han demostrado capacidad para aprovechar el resquicio.Hace dos legislaturas, los socialistas lo gobernaban todo: la capital, cuatro de los cinco municipios de la Bahía, el Campo de Gibraltar y la Sierra. Ahora, tan sólo controlan Chiclana, uno de los siete grandes municipios que aglutinan el 70% de la población. Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz desde 1995, y candidata del PP a la presidencia a la Junta logró, en las municipales de junio, el 62% de los votos, el mayor respaldo popular de todas las capitales españolas. El Partido Andalucista gobierna en tres localidades de un indudable peso económico: Jerez, Algeciras y San Fernando. El rompecabezas se completa con complicados pactos entre el PP, independientes y tránsfugas en varios municipios costeros con una agitada historia urbanística.

- Sanlúcar de Barrameda. El PSOE perdió la alcaldía la pasada semana tras una moción de censura apoyada por el PP y el PA y un fenómenal escándalo: el concejal popular, Manuel Ramírez, denunció con abundantes pruebas documentales que el ex secretario de organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, le ofreció 50 millones de pesetas por ausentarse del pleno en el que se iba a votar la moción que le ha costado el puesto y, posiblemente, la militancia al ex alcalde Agustín Cuevas. IU y Ecologistas en Acción reclamaron aclarar si el empresario Alfonso de Hohenlohe prestó el dinero al PSOE. Raposo fue concejal de Urbanismo cuando se aprobó la revisión del plan urbanístico para recalificar un suelo del aristócrata. "Sólo financiamos el desarrollo de Sanlúcar, nada más", ha replicado Hohenlohe, cuyo proyecto urbanístico está estancado.

- Barbate. Una población afectada por un sinfín de problemas: el paro, una flota dependiente de Marruecos y familias enteras vinculadas al tráfico de drogas. Barbate posee una pujante industria conservera y sobre todo, un litoral virgen (el 60% de su término municipal está afectado por Defensa o por espacios naturales). Años de gobierno del PSOE y de Serafín Núñez, como independiente (1991-1995), han dejado a esta población mal parada. Ahora, el PP y el grupo independiente Adelma gobierna el Ayuntamiento. La presencia de Jesús López, como concejal de Urbanismo ha vuelto a traer la polémica. López fue el impulsor del proyecto Puerto de la Plata, que derivó en el caso Juan Guerra. El concejal, titular de empresas inmobiliarias, está en política "para conseguir prestigio". En su despacho municipal trabajan dos técnicos vinculados a sus empresas.

- Tarifa. Esta localidad ha sido durante los últimos años una olla a presión, que ha terminado soltando el vapor en un pacto de gobierno a tres bandas: un alcalde tránsfuga de IU, junto a cuatro concejales del PP y cuatro de Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP), ediles escindidos del PP. "Este pacto hay que entenderlo en clave local", ha explicado en más de una ocasión Javier Arenas, secretario general del PP. "Arenas oculta oscuros intereses urbanísticos en Tarifa", denunció Alfonso Perales, secretario de política municipal del PSOE, que ya ha recibido una querella del ex ministro por estas declaraciones. El Ayuntamiento impulsa una operación urbanística en una finca de 426 hectáreasprotegida por la Consejería de Medio Ambiente.

- El Puerto de Santa María. Desde 1991 está gobernado por Independientes Portuenses, una escisión de la extinta Alianza Popular, ahora con la colaboración externa del PP. Hasta tres importantes operaciones urbanísticas cerradas por adjudicación directa se han visto cuestionadas durante el mandato de Hernán Díaz Cortés. Un ex compañero y ex hombre de confianza de Díaz, Miguel León, acaba de abrir un camino peliagudo al firmar que recibió a los directivos de una empresa francesa adjudicataria directa de un centro de ocio por la presión del alcalde.

- La Línea de la Concepción. El GIL gobierna en uno de los municipios más deprimidos de la provincia. Su alcalde, Juan Carlos Juárez, se ha reservado dos concejalías: la de Urbanismo y la de relaciones con Gibraltar. El resto de partidos sostiene que Gil sólo quiere hacer negocios con el peñón de fondo. Esta semana, el partido (que también consiguio buenos resultados en San Roque) ha mantenido contactos con empresarios gaditanos y con 23 grupos independientes.

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