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La Sala Segunda del Supremo rechaza por unanimidad los insultos a jueces del 'caso Liaño'

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo constar ayer, en un comunicado aprobado por unanimidad, su "preocupación y rechazo" ante las "gravísimas descalificaciones e insultos" dirigidos contra los magistrados que condenaron a 15 años de inhabilitación al juez Javier Gómez de Liaño por un delito continuado de prevaricación. La Sala Segunda ha solicitado una reunión con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, para transmitirle su malestar por los acontecimientos y darle cuenta de las amenazas recibidas por ambos magistrados. El próximo martes, la Sala notificará que no va a dejar en suspenso la sentencia de Liaño durante la tramitación de su petición de indulto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo constituye la cúspide de la justicia penal en España y en la actualidad está integrada por el presidente de la Sala y 12 magistrados, que muy raramente dan cuenta de acuerdos de este tenor y menos por unanimidad.Según el comunicado, "las legítimas críticas a las decisiones judiciales no pueden servir de aparente cobertura a tales descalificaciones, que no sólo atentan al honor de las personas, sino lo que es más grave, contribuyen a deslegitimar la actuación de los tribunales y a condicionar su independencia".

La Sala, igualmente por unanimidad, ha acordado solicitar una reunión con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, "para transmitirle su preocupación con el fin de que se garantice el correcto funcionamiento de instituciones imprescindibles en un Estado Democrático y de Derecho".

El comunicado no alude expresamente al caso Liaño, ni menciona a los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo, pero fuentes del alto tribunal explicaron que la nota se refiere a la condena de 15 años de inhabilitación al juez Javier Gómez de Liaño por un delito continuado de prevaricación.

El Pleno de la Sala de lo Penal lo componen su presidente, Luis Román Puerta Luis, y los magistrados Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo, Joaquín Delgado, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Martín Canivell, Cándido Conde-Pumpido, Roberto García-Calvo, José Antonio Marañón, Carlos Granados, Adolfo Prego, Joaquín Jiménez y Andrés Martínez Arrieta.

La semana pasada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración institucional en términos muy similares, en la que también defendió a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condenaron a Gómez de Liaño.

Sin embargo, en esa ocasión la declaración fue rechazada por los vocales afines al PP (Benigno Varela, Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto y Francisco Monterde) y el designado a propuesta del PNV, Emilio Olabarría. Se abstuvo el vocal Manuel Damián Álvarez, también afín al PP.

Suspensión rechazada

Por otra parte, el tribunal que ha condenado a Javier Gómez de Liaño, y al que se ha incorporado el magistrado José Antonio Martín Pallín por jubilación de José Manuel Martínez- Pereda,notificará el próximo martes que no accede a dejar en suspenso la condena mientras se tramita el indulto, informa la agencia Efe.

La resolución desestima la petición hecha por Gómez de Liaño de que quedase en suspenso la ejecución de sentencia en tanto el Gobierno no resuelva sobre su petición de indulto. La petición de Liaño fue informada desfavorablemente por la acusación particular, la acción popular e incluso el ministerio fiscal, que había pedido la absolución de Liaño en el juicio. El fiscal del caso, José María Luzón, dijo que las sentencias son firmes y ejecutivas, por lo que no cabía dejar la pena en suspenso.

Al día siguiente de la notificación de este acuerdo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial abordará la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La Comisión Permanente de este organismo elevó el pasado martes un acuerdo al Pleno para que proceda a hacer efectiva la ejecución de la pena de 15 años de inhabilitación especial, con pérdida definitiva del cargo que ocupaba Liaño.

El acuerdo añade que se anotará de forma íntegra en el expediente de Gómez de Liaño el fallo de la sentencia condenatoria. El Pleno debatirá si el fallo implica la expulsión de Liaño de la carrera judicial.

También en relación con el caso Liaño, el grupo socialista del Senado hará una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno sobre si proyecta conceder el indulto al juez Javier Gómez de Liaño, de la pena de 15 años de inhabilitación especial.

La pregunta será formulada por el senador Juan Antonio Arévalo y en la misma recordará que el fiscal y las acusaciones se han opuesto a la suspensión de la ejecución de la sentencia.

En su pregunta, el parlamentario explicará que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto al Pleno que el magistrado pierda definitivamente su cargo.

Para el senador socialista, resultaría ilusoria la pena si por indulto de la misma se le repusiera como magistrado y pudiera seguir dictando resoluciones quien ha sido condenado por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

Los dos magistrados reciben numerosas cartas anónimas con amenazas

Los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo han recibido en las últimas semanas numerosos anónimos con insultos y amenazas, algunas incluso de muerte, según han informado fuentes del alto tribunal.La última fue recibida en la misma tarde de ayer por Gregorio García Ancos en su domicilio, con matasellos de Vitoria y conteniendo amenazas de muerte para él y su familia. El escrito contiene varios insultos y le advierte que "mire siempre hacia atrás, aunque lleve guardaespaldas, cuando salga el caso Lasa-Zabala".

El caso Lasa-Zabala fue instruido por Javier Gómez de Liaño y tanto por el propio juez como por su entorno más cercano se ha venido vinculado el resultado del proceso que ha acabado con la condena del juez a un supuesto intento de desbaratar el sumario sobre el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Sin embargo, esta causa se encuentra en período de calificación por las partes, a pocos meses de su inicio.

Desde el día siguiente de conocerse la sentencia, ambos magistrados han recibido amenazas en la sede del Tribunal Supremo. "Un verdadero montón", según las fuentes informantes. Varios de los escritos adjuntan recortes de informaciones de El Mundo y alguna del diario Abc y contienen insultos como "corrupto", "soplón" o "rata".

Sin embargo, el hecho de que las amenazas lleguen al domicilio de los magistrados ha determinado que los anónimos vayan a ser investigados por la policía.

Pese a las declaraciones y notas institucionales de rechazo, la campaña de algunos políticos y medios de comunicación contra los dos jueces no remite. Ayer, el portavoz de Justicia de IU en el Congreso, Pablo Castellano, cargó contra ellos con nuevas descalificaciones. En referencia al recurso de Liaño ante el Constitucional, Castellano, que ha secundado la iniciativa del coordinador general de IU, Julio Anguita, de pagar al juez la multa de 540.000 pesetas, afirmó: "Si le vuelven a tocar magistrados de éstos que son absolutamente imparciales, pero que llevan carné en la boca, aviado va".

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