IU amplía al concejal de Hacienda su querella por la venta de la funeraria

El grupo municipal de IU no se conforma con los seis altos cargos del PP, cuatro aún en activo, a los que la Fiscalía Anticorrupción imputa diversos delitos por la privatización de la funeraria. La portavoz de IU, Inés Sabanés, anunció ayer que ampliarán al ex concejal José Antonio García Alarilla y al actual edil de Hacienda, Pedro Bujidos, la querella por la venta de la funeraria, por entender que ambos incurrieron en prevaricación y malversación. Bujidos manifestó, al conocer las denuncias de IU, que se sentía "la mar de tranquilo".

En diciembre de 1992, el pleno del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, aprobó la adjudicación por 100 pesetas del 49% de las acciones de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña. Esa medida, considerada por la Fiscalía Anticorrupción como "una vasta operación de enriquecimiento" de la compañía que se quedó con parte de la empresa, llevará ante el Tribunal Superior de Justicia, como acusados por la Fiscalía Anticorrupción -ya sea por prevaricación, malversación, maquinación sobre el precio de las cosas o negociación prohibida a funcionarios públicos-, al ex teniente de alcalde y diputado regional Luis María Huete; al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echániz; al concejal de Sanidad, Simón Viñals; al edil de Patrimonio Antonio Moreno, y a otros dos ex concejales, Venancio Mota y Ángel Larroca. Izquierda Unida, el grupo político que presentó a la Fiscalía Anticorrupción la querella origen del actual proceso, ha ampliado el alcance de ésta y ha solicitado que se incluyan, entre otros, los nombres del actual concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, y de José Antonio García Alarilla, cuyo último cargo en el Ayuntamiento de Madrid fue presidente de la Junta de Distrito de Chamberí.Bujidos, según IU, es responsable de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación. Aunque no ejercía ningún cargo público cuando se aprobó la venta de las acciones, sí lo era cuando, en 1998, "se inició el proceso de pago de la deuda de 2.270 millones que Funespaña contrajo con el Ayuntamiento, pago que se efectúa sin intereses, con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento", según Sabanés.

El consejero de IU en la funeraria, Alfredo de Juan, calculó que esta deuda "se terminará de pagar en cómodos plazos en el 2006, pero sin intereses, que, de abonarse, convertirían estos 2.270 millones de pesetas en más de 3.500".

A García Alarilla, IU le acusa de falsedad en documento mercantil, de prevaricación y cooperación en un delito de malversación de caudales públicos.

Izquierda Unida también solicita al juez que llame como testigo el ex concejal presidente del distrito Centro Ángel Matanzo, "porque sabe cosas que pueden esclarecer el caso", a juicio de Sabanés.

El edil de Hacienda respondió ayer por la mañana a las acusaciones y aclaró que la querella de IU no le preocupaba. Luego añadió: "Los concejales tendríamos que reclamar también lo que han reclamado los jueces; esto es, que se implante el delito de desacato para que no se pueda poner en tela de juicio el nombre de la gente con tanta libertad por parte de quien quiera". Bujidos manifestó que se siente "satisfecho" de su actuación en cuanto al pago de la deuda de la funeraria: "La parte privada de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios quería devolver la deuda después del 2012, cuando se acaba el plazo de concesión, y yo abogué por que empezaran a pagar antes".