Duras críticas del Defensor del Pueblo en la Cámara a la proliferación de empresas públicas

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alertó ayer sobre la práctica cada vez más empleada por todas las administraciones de delegar competencias en empresas públicas que gestionan con criterios mercantilistas derechos de los ciudadanos. Como es habitual en su comparecencia anual en el pleno del Parlamento, Chamizo dio un aldabonazo sobre asuntos que no se computan en las quejas que se presentan formalmente, como los medios empleados en la lucha contra la droga o la actitud de determinados ayuntamientos con los mendigos.

Chamizo no hizo una intervención meramente estadística, ni se limitó a presentar ante el pleno el número de quejas (4.427), su procedencia geográfica o los asuntos más denunciados (salud, justicia, vivienda y educación). En su último informe de esta legislatura, aunque no de su mandato, que finaliza en el 2001, el defensor advirtió sobre la "proliferación de empresas públicas" en las administraciones autonómica, central y local. Estas sociedades, dijo, se están convirtiendo en una "cuestión controvertida" y "no actúan como entes auxiliares" sino que asumen bloques íntegros de gestión con criterios mercantiles. Chamizo no citó ninguna sociedad en concreto, aunque en la mente de algunos estaban la actuación de las empresas públicas de la vivienda. Fuera de la Cámara, Chamizo apostó por "poner límites a la empresa pública" y sugirió a los diputados que en la próxima reforma de la ley de la administración de la comunidad identifiquen "las funciones irreductiblemente públicas que no pueden ser prestadas bajo fórmulas de derecho privado, a la vez que quede perfectamente determinado el régimen jurídico" de estas empresas".

Otro asunto sobre el que llamó la atención fue la "creciente falta de entendimiento y de colaboración" entre las administraciones que afecta, por ejemplo, a que determinadas carreteras urgentes sólo se acometan hasta el límite provincial o la descoordinación entre los ayuntamientos y la Junta para combatir el absentismo escolar. A juicio de Chamizo, "la actuación de cada Administración encierra una concepción hermética y excluyente, donde prima lo propio en lugar de trabajar con una visión finalista".

Los portavoces de todos los grupos elogiaron el informe del defensor que, a juicio del popular Rafael Salas, debe ser utilizado para proponer actuaciones "que solventen los problemas". Esta reflexión le valió el reproche del socialista Manuel Gracia, quien lo acusó de intentar "arrimar el ascua a su sardina".

Por otro lado, el pleno del Parlamento aprobó, con los votos del PSOE y del PA y la abstención del PP y, en algunos capítulos, de IU, la ley de Solidaridad en la Educación, que dota de un marco legal a la Junta para atender la escolarización de la población más desfavorecida. La ley, según el consejero Manuel Pezzi, afectará a 140.000 alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, pertenecen a una minoría étnica o cultural o proceden de familias con problemas. Socialistas y andalucistas rechazaron la mayoría de las enmiendas que PP e IU mantuvieron hasta el debate final. IU dijo que apoyaba la filosofía de la ley, pero justificó su abstención en algunos capítulos por creer que la financiación con la que estará dotada es insuficiente.