Indulto papal

En tiempos del franquismo, la población reclusa permanecía atenta a las señales procedentes del Vaticano, bien fuese la designación por el Espíritu Santo de un nuevo Santo Padre o alguna gran conmemoración eclesiástica: la dictadura solía aprovechar esos magnos acontecimientos para aliviar el hacinamiento carcelario con el otorgamiento de los llamados indultos papales, cuyos efectos alcanzaban de manera indiscriminada a buena parte de los condenados. La promulgación de la Constitución de 1978 suprimió esas expectativas penitenciarias al prohibir, de forma expresa, los indultos generales; en el sistema democrático, las medidas de gracia sólo se pueden aplicar de forma individualizada.Mientras los nacionalistas vascos buscan la interpretación de los preceptos constitucionales sobre el derecho de gracia que resulte más favorable a los etarras condenados por terrorismo, una portavoz parlamentaria del PNV (tan vinculado siempre a las autoridades vaticanas) ha expresado su apoyo moral al indulto del juez Liaño, condenado por el Supremo a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante quince años "con pérdida definitiva del cargo que ostenta". Xabier Arzalluz había justificado ya su solidaridad con el juez prevaricador como gesto de agradecimiento a su instrucción del caso Lasa-Zabala; un reconocimiento negado esta vez al juez Garzón a causa del testimonio prestado en la vista oral por este ejemplar instructor de otros dos sumarios relacionados con los GAL -el caso Amedo y el caso Marey- a fin de poner en evidencia el dolo de Liaño como autor de un delito continuado de prevaricación. La simétrica diligencia de Anguita al abrir una colecta proletaria para pagar la multa a la que fue condenado Liaño se corresponde más bien con las subalternas funciones de diácono o de sacristán encargado de recaudar los diezmos y primicias.

Constituidos en oficiantes de un simbólico colegio cardenalicio, los hechiceros de la tribu mediática que dieron al magistrado prevaricador un monumental embarque mientras se quedaban seguros en tierra se han sumado a la iniciativa del indulto mediante un triple despliegue operativo: canonizando a Liaño como a un mártir, presionando al Gobierno para que le reincorpore a la carrera judicial y enviando a los infiernos a García-Ancos y Bacigalupo, los dos magistrados que osaron desobeder sus órdenes absolutorias. La grotesca campaña ha cubierto a Liaño de elogios tan ruborizantes como ridículos, poco concordes en cualquier caso con la mala fe de que sigue haciendo gala este mansurrón candidato a santo: por ejemplo, con su tentativa de presentar la autorización que le dio el tribunal en el juicio para querellarse contra Garzón por falso testimonio como un mandato vinculante.

Antes de hacerse pública la sentencia, los consiglieri de Liaño mantuvieron que la prevaricación es un delito de prueba técnicamente imposible, ya que sería necesario trepanar a los jueces para averiguar si han dictado a sabiendas resoluciones injustas. Sin embargo, la condena de su protegido les ha llevado a cambiar radicalmente de opinión: ahora no sólo acusan de prevaricación a los magistrados del Supremo que condenaron a Liaño con una sentencia excelentemente motivada, sino que compiten a la hora de injuriarlos. Jaime Campmay, el antiguo director de Arriba y agradecido socio de Mario Conde en la revista Época que presentó la denuncia para abrir en falso el sumario de Sogecable, afirma que "los dos verdugos del juez justo" han quedado "expuestos a la intemperie y en cueros, cubiertos sólo por sus errores y sus trampas". Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, que puso ese periódico al servicio de los chantajes del ex banquero, llama "hijos de perra" a los dos magistrados mediante la maliciosa cita de un conocido verso de Neruda. Jesús Cacho, el servil hagiográfo de Conde que se prestó a firmar una querella contra Sogecable, pone a prueba su ingenio con la expresión ancas de tegucigalpo. El belicoso Navarro Estevan, capaz de acusar calumniosamente al juez Garzón por "la diligencia con que dejó de proceder en las salvajes torturas de 200 detenidos vascos puestos a su disposición por presunto terrorismo", afirma que los dos magistrados "han prevaricado a conciencia y sin conciencia", por lo que "deben pagar su crimen". Tal es la habilidosa estrategia ideada por estos ilustres purpurados para forzar al Gobierno a indultar a Liaño y obligar al Supremo a emitir un informe favorable al condenado en el preceptivo expediente de gracia.