Las constructoras regionales acusan a las administraciones de discriminarlas

Las constructoras regionales volvieron ayer a la carga respecto a la fórmula de adjudicación de obras públicas. La asociación que las agrupa acusó a las administraciones públicas de favorecer a las grandes empresas del sector y advirtió de que esta política puede afectar gravemente al empleo. Fuentes de las grandes constructoras insisten en que el actual modelo de adjudicación no vulnera ningún principio o precepto relacionado con la libre competencia y que las regionales lanzan una grave acusación contra las administraciones.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Regionales de Obras Públicas (AERCO), el ex ministro Jesús Sancho Rof, explicó ayer que el problema radica en que las administraciones públicas han optado por convocar macroconcursos que "sistemáticamente son adjudicados a las grandes compañías y en los que las medianas y pequeñas no tienen ninguna oportunidad".Esos grandes concursos, señalan fuentes de AERCO, necesitan un aval bancario, que suele estar fuera del alcance de las pequeñas y medianas empresas, porque sus recursos no son suficientes. Esto, en opinión de esta organización, ha provocado que en la práctica se esté ante "una situación de cuasi monopolio".

Sancho Rof advirtió de que, de proseguir este sistema de adjudicación de obra pública, el empleo puede verse sensiblemente perjudicado. En España hay un total de 94 empresas constructoras regionales, con una facturación de 312.217 millones de pesetas y una plantilla total de 12.276 personas. En AERCO están presentes 22 de esas empresas, con un tercio de las facturaciones y plantillas globales.

Medidas urgentes

Con el fin de paliar esta situación, las constructoras reclaman las siguientes medidas, que se podrían incluir en el trámite parlamentario de la Ley de Contratos,actualmente en el Senado: limitar la facultad de las administraciones públicas para convocar macroconcursos o que éstos sean fraccionados; que las administraciones contratantes justifiquen, mediante dictamen previo del Consejo de Estado, la imposibilidad de fraccionar un contrato cuando su importe supere los 5.000 millones de pesetas, y que las subcontrataciones no superen en ningún caso el 25% del total del presupuesto de cada contrato.

El Ministerio de Fomento, que ayer no quiso entrar en el debate, ha defendido reiteradamente el actual sistema de contratación.

Por su parte, las grandes constructoras rechazan de plano las acusaciones de las regionales. Fuentes de estas empresas coincidieron ayer en argumentar que "relacionar los volúmenes de obra adjudicada con el concepto de tamaño o capacidad de las empresas no puede sino interpretarse como una acusación velada de desviación de poder por parte de las administraciones correspondientes, lo cual puede ser muy grave".

Las grandes constructoras tampoco comparten que se esté ante una situación de "cuasi monopolio".

Según sus datos, las cinco primeras constructoras españolas controlan en torno al 18% de la producción total nacional. En Suecia, ese porcentaje es del 60%; en Holanda, el 34%; en el Reino Unido, el 19%, y en Alemania, el 13%.

En cuanto a la posibilidad de fraccionar las obras, las grandes sostienen que "es notoria la imposibilidad de trocear obras como puentes o presas", y señalan que en 1998 el importe medio de la obra pública adjudicada fue de 114,6 millones de pesetas, con 13.309 obras por debajo de 25 millones.