Trasmediterránea despoja de todo poder a su presidente, Trías de Bes
La junta extraordinaria de Trasmediterránea aprobó ayer el cambio de estatutos de la sociedad, que supone quitar el escaso poder ejecutivo que aún mantenía el presidente de la empresa, José María Trías de Bes, para concedérselos al director general de la empresa, José Manuel Fernández Villamandos.Con la aprobación de estos cambios se cierra la crisis que comenzó el pasado mes de diciembre, cuando el director general de Patrimonio, que controla el 98% del capital de Trasmediterránea, nombró director general a Fernández Villamandos, a lo que se opuso frontalmente Trías de Bes. Desde diciembre de 1998 hasta julio de 1999, el enfrentamiento entre el presidente y el director general se reflejó en la gestión y en la vida diaria de la empresa.
La crisis llegó a su punto álgido cuando el pasado día 1 de julio Trías de Bes decidió destituir al director general que, a su juicio, le ha había impuesto Patrimonio utilizando las prerrogativas que le confería el puesto de presidente. El director general de Patrimonio, Pablo Oliveras, convocó un consejo de administración extraordinario, que se reunió con carácter de urgencia 48 horas después. Ese consejo ratificó al director general con plenos poderes, con lo que se produjo una situación totalmente anómala en la empresa, ya que el principal accionista impuso un director general que tenía plenos poderes y se los quitó al presidente, que decidió permanecer en su puesto a pesar de que, según fuentes empresariales, se ha convertido en casi una figura decorativa desde entonces.La junta de ayer ha acabado de quitar todo poder a Trías de Bes, exdirigente de CiU que se integró en el PP antes de las pasadas elecciones generales. También redenominó el capital en euros. Cada acción tendrá un nominal de 3,01 euros.
Crisis inoportuna
La crisis vivida en la dirección no pudo ser más inoportuna por cuanto el Gobierno tenía previsto privatizarla en el último tramo de la actual legislatura. Esta privatización ha sido retrasada. La primera es la denuncia que hizo una empresa privada del sector sobre el convenio de concesión del Estado de los servicios marítimos y sobre la que se tiene que pronunciar el Gobierno de Bruselas. La segunda, la crisis en la dirección de la compañía.
Trasmediterránea, que en los dos últimos años ha recortado su plantilla desde las 2.000 personas hasta las 1.450, no ha logrado mejorar sus cifras económicas en el pasado año a pesar del crecimiento del turismo. El pasaje tan sólo subió el 0,9%. La liberalización del tráfico de pasajeros desde enero de este año ha hecho que la competencia haya restado mercado a la compañía. Entre enero y septiembre de este año los ingresos han crecido de forma global el 1,5%. El apartado de pasaje cayó el 6,7%, y el de carga aumentó el 11,5%.
