Retomar tono europeo

LA NEGATIVA reacción de Aznar al informe de los tres sabios sobre una reforma en profundidad de las instituciones de la UE refleja una postura más conservadora que innovadora en materia europea. Sería de lamentar que, contrariamente a épocas anteriores, España se convirtiera en un freno a la integración comunitaria. Aznar ha carecido de los reflejos de Tony Blair para rectificar y calificar ante el Parlamento de "perfectamente sensatas" las cuestiones planteadas en dicho informe. Encargado por el presidente de la Comisión, Romano Prodi, a tres ex políticos -un belga, un británico y un alemán-, aboga por una reforma en profundidad de las instituciones de la UE para que sea viable una ampliación a otros 12 o más Estados y acercar la construcción comunitaria a los ciudadanos. Propone ampliar las decisiones por mayoría, limitando el veto nacional, reforzar el presidencialismo de la Comisión, favorecer que los que quieran avanzar más en la integración puedan hacerlo sin esperar a los reticentes, llegar incluso a reformar en parte los tratados sin necesidad de unanimidad de los miembros.En definitiva, y pese a que algunas propuestas sean discutibles, el informe tiene el valor de identificar los problemas. La actual presidencia finlandesa tiene que presentar otro informe, el suyo, para el Consejo Europeo de diciembre, de donde ha de salir el mandato para negociar una revisión, amplia o estrecha -ahí está el debate-, de los tratados. El Gobierno de Aznar pretende limitar en todos los proyectos estas reformas al mínimo: número de comisarios y reparto de votos entre Estados. Es posible que antes de lanzarse a grandes reformas haya que dejar que funcione el recién estrenado Tratado de Amsterdam y ver las necesidades que va creando el euro, pero aun así es muy importante evitar el tono poco europeísta que está adquiriendo la posición española.

La actitud negativa de Aznar contrasta con el ímpetu demostrado en la cumbre de Tampere para crear un espacio judicial común, idea que ya lanzó el Ejecutivo socialista, o el apoyo prestado a la puesta en pie de una política exterior y de seguridad común (PESC). Sin duda, las reformas institucionales ponen en juego intereses nacionales importantes, y ampliar el ámbito de las decisiones por mayoría y restringir el derecho de veto es algo a afrontar con cautela. Sin embargo, no parece existir otro camino para evitar que una UE ampliada se diluya o se convierta en un simple espacio comercial o económico. Evitarlo exige una mayor integración, al menos entre los dispuestos a hacerlo, como sucedió al poner en marcha el euro, y ello pasa por compartir más soberanía y por más supranacionalidad.

Es previsible que España pierda peso institucional en una Europa ampliada. Pero este coste se puede compensar con una mejor política de alianzas para España dentro de la UE. Es positivo reforzar el vínculo con el Reino Unido, pero la realidad es que se trata de un país que de momento no está en el euro y que no pertenece al espacio sin fronteras de Schengen, en el que sólo quiere participar a medias. La relación entre Madrid y Londres no puede compensar el hecho de que la España de Aznar se ha alejado del eje central en la Unión Europea, formado, pese a todas sus dificultades, por Berlín y París. Hay que recuperar esa posición. No le conviene a España ponerse en una postura minimalista o lentificadora en asuntos europeos, sino contribuir a construir. Así defenderá mejor sus intereses particulares y los europeos generales. Y el Gobierno lo hará con más fuerza si logra un amplio consenso al respecto con los socialistas. España pierde peso no sólo por errores del Gobierno, sino también en la medida en que la política exterior deja de ser una cuestión de Estado.