La Oferta Pública de Empleo viola el reglamento de provisión de puestos

Serafín Castellano, consejero de Justicia y Administración Pública, firmó el pasado 19 de octubre el decreto de convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para el personal de la administración del gobierno valenciano, que pretende cubrir 1.037 plazas. La convocatoria, la primera desde que los populares accedieron a la Generalitat en 1995, ha sido posible en virtud de las negociaciones desarrolladas durante la pasada legislatura entre la Administración y los sindicatos que desembocaron en el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa en el seno de la Función Pública, aprobado el 9 de marzo de 1999. Un reglamento que, en su artículo segundo, establece que la oferta pública de empleo "se aprobará" y publicará "durante el primer trimestre del año".

La convocatoria de empleo público pretende cubrir "los puestos de trabajo o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas, se encuentren desempeñados interina o temporalmente". El decreto asegura que "las organizaciones sindicales más representantivas" han fijado su punto de vista en negociaciones previas. Y cita expresamente el artículo segundo del reglamento de provisión de puestos de trabajo para dar cobertura legal a la convocatoria.

Los aspirantes a las plazas a concurso que trabajan de forma interina en la Administración y tienen contacto con las organizaciones sindicales pueden haber sido informados de la convocatoria. Pero los ciudadanos que aspiran a ocupar plazas en la Administración y que habían previsto preparar sus oposiciones a partir de la convocatoria en el primer trimestre del año han sido defraudados por la premura en la convocatoria.