Sentido común

Nadie encuentra una explicación razonable, nadie excepto los sesudos magistrados que interpretan las leyes. La gente corriente, los que no hemos empollado y memorizado el código penal y tenemos los conocimientos justos de derecho para andar por casa, nada comprendemos. El ciudadano de a pie no puede entender cómo la justicia dejó indefensa a María del Mar Herrero y encima es capaz de salir ante la opinión pública para proclamar lo adecuado de su actuación.A María del Mar la mató su ex novio el miércoles 13 de octubre asestándole dos puñaladas letales en el pecho y abandonando después su cuerpo maniatado y amordazado en el interior de una furgoneta. Si tan execrable crimen lo hubiera cometido alguien desconocido para los jueces y la policía, poco habría que comentar sobre el caso. Poco salvo la constatación de que no aflojan quienes consideran a la mujer hija de un dios menor a la que el macho de turno puede maltratar a su antojo e incluso asesinar. Tampoco habría demasiado que añadir si la joven víctima hubiera ocultado el drama que estaba viviendo, como hacen, por temor, la mayoría de quienes han padecido situaciones de acoso o violencia. Todo eso ocurre con frecuencia, y tendrán que cambiar muchas cosas y pasar bastante tiempo para que deje de ocurrir.

Pero ni Luis Patricio Andrés, el tipo de 36 años que mató a esta joven de 23, era novato en esas fechorías, ni María del Mar ocultó en ningún momento el drama que estaba sufriendo. Este individuo cumplía condena por el asesinato frustrado de una chica llamada Rosana Martínez, con la que salió durante algún tiempo. Al tal Luis Patricio le cayeron 11años de cárcel por pegarle cuatro tiros, aunque la magnanimidad de nuestras leyes penitenciarias permitió que le concedieran la libertad condicional cuando había cumplido sólo tres, en contra del criterio de las autoridades carcelarias. Y en esa situación comenzó a salir con María del Mar Herrero, que no tuvo conocimiento de tales antecedentes hasta semanas después, tras cortar la relación. Un rechazo que pronto comprobó que Luis Patricio no estaba dispuesto a admitir como ocurriera con su anterior novia. La historia llevaba el camino de repetirse y María del Mar lo advirtió no una, sino hasta cuatro veces. La joven protagonizó todo un peregrinar por los juzgados y comisarías en el intento de obtener algún amparo ante las continuas persecuciones y amenazas que sufría por parte del convicto, amparo que nunca logró. El 8 de octubre, sólo cuatro días antes de su asesinato, se presentó personalmente en el Juzgado número 6 de Alcobendas para relatar de su puño y letra el espeluznante episodio de acoso que acababa de sufrir a bordo de su vehículo. Pero tampoco aquello hizo reaccionar al aparato judicial. La juez de Vigilancia Penitenciaria mantuvo en libertad a Luis Patricio, libertad que aprovechó para consumar la muerte anunciada.

El fiscal jefe de Madrid, que había solicitado dos veces que le fuera revocada la condicional por razones que resultaban obvias, se echaba las manos a la cabeza. Sin embargo, ni sus duras declaraciones calificando lo ocurrido de estrepitoso fallo del sistema, ni la indignación general de la opinión pública, hacían bajar del Olimpo a los dioses togados. Una reunión de la Junta de Jueces de Vigilancia Penitenciaria concluía apretando filas y redactando una nota en la que apoyaban el proceder de su compañera asegurando que se limitó a aplicar las leyes. Un mensaje que a los pobres profanos nos conduce inevitablemente a la conclusión de que, o tenemos unas leyes inservibles, o unos jueces inútiles, o ambas cosas. Leyes que admiten que un ciudadano pueda ir a prisión preventiva cuando hay indicios racionales de delito sin consentir que ocurra lo mismo con un condenado en libertad provisional. Y magistrados incapaces de interpretar las normas para ponerlas al servicio de la racionalidad y las personas decentes. Todos estudiaron mucho para sacar su plaza en las oposiciones y todos ellos poseen un conocimiento exhaustivo de las leyes que manejan. Sin embargo, cualquier ciudadano cuerdo lego en jurisprudencia habría protegido mejor el derecho a la vida de María del Mar Herrero. Sólo tenía que aplicar algo que olvidaron sus señorías: el sentido común