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El PP confirmó ayer los peores augurios al reconocer, por vez primera, la existencia de reparos en el Gobierno a la reforma de la ley de Extranjería y negarse a una tramitación urgente del proyecto que permita su aprobación antes de que acabe esta legislatura.Gabriel Cisneros, presidente de la Comisión Constitucional, declaró a Servimedia que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, pone reparos al texto por el coste que puede suponer la ampliación de la cobertura sanitaria o la enseñanza gratuita a los inmigrantes ilegales. También los departamentos de Exteriores e Interior, agregó, han planteado objeciones.

Cisneros contestó así a una carta del portavoz de CiU, Josep López de Lerma, quien emplazó al PP a dar "el impulso político definitivo" a la reforma, alegando que "resultaría inexplicable e inaceptable" que se frustrase por la disolución de las Cortes.

También el ponente del PP, Diego Jordano, insistió en la necesidad de analizar el coste presupuestario de la nueva ley y restó importancia al hecho de que su grupo sea el único que ha pedido una nueva reunión de la ponencia, lo que los demás interpretan como una maniobra dilatoria, ya que el dictamen está listo para su firma y debate en comisión.

Sorprendentemente, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, desmintió que Rato se oponga al proyecto y minimizó su coste económico.

Críticas de la oposición

Desde el PSOE, el diputado Carlos Sanjuán, uno de los ponentes de la ley, afirmó que "no debe haber ningún obstáculo" de tipo económico que impida la aprobación de la reforma, ya que el Ejecutivo sostiene que la economía española "va bien" y que tienen que venir trabajadores extranjeros para ocupar empleos en algunos sectores. Sanjuán pidió que se convoque cuanto antes una reunión para la firma del texto del dictamen y que se pueda celebrar la semana próxima la reunión de la Comisión Constitucional para debatirlo.

También el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, afirmó que resultaría "inmoral la ruindad económica" en este asunto, "sobre todo en un país de emigrantes como España". Desde esta misma formación, el diputado Willy Meyer advirtió al PP de que si impide que la ley salga adelante con "argucias parlamentarias", se convertirá en "responsable del sufrimiento y los problemas de los inmigrantes".

Por su parte, el secretario general de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, criticó al presidente del Gobierno por haber "engañado de manera flagrante al Parlamento", al asegurar ante el pleno del Congreso que la reforma de la Ley de Extranjería seguiría los trámites previstos cuando, según esta formación, está en un "callejón sin salida".