El Poder Judicial rechaza las "descalificaciones" a Ancos y Bacigalupo por la condena a Liaño

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer una durísima declaración institucional contra las "descalificaciones y juicios de intenciones" propaladas desde algunos medios de comunicación contra los magistrados del Tribunal Supremo Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo, por votar la condena de 15 años de inhabilitación al juez Javier Gómez de Liaño como autor de una prevaricación continuada. Según el CGPJ, tales opiniones representan un "grave atentado" al honor y contribuyen a deslegitimar a los tribunales y condicionar su independencia.

El CGPJ "estima necesario manifestar a la opinión pública que, siendo legítima la crítica de las resoluciones judiciales, no lo son los juicios y opiniones que implican descalificaciones y juicios de intenciones sobre los integrantes de los Tribunales de Justicia", señala la declaración institucional. Tales juicios y opiniones, prosigue, "no sólo representan un grave atentado al honor de las personas, sino que contribuyen a deslegitimar la actuación de los tribunales y a introducir, implícita o explícitamente, condicionamientos inaceptables para su independencia en el futuro".La declaración fue aprobada por 15 votos a favor y cinco en contra. Entre los que apoyaron la declaración están el presidente del consejo, Javier Delgado, y los vocales vinculados al PP Marcelino Murillo y Rubén Jiménez, así como los ocho consejeros próximos al PSOE, dos de CiU, uno de IU y otro de Coalición Canaria. En contra se pronunciaron cuatro vocales afines al PP -Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto, Francisco Monterde y Benigno Varela- y el vocal designado a propuesta del PNV, Emilio Olabarría. Se abstuvo Manuel Damián Álvarez, del sector próximo al PP.

El portavoz del Consejo, Benigno Varela, del sector conservador, explicó que los vocales que propusieron la declaración entendían que era necesaria esta decisión institucional al considerar que "las críticas que se han vertido" a raíz de la sentencia han podido herir "el prestigio" de los magistrados.

Varela votó en contra de la declaración porque consideró que el comunicado "no era procedente", debido a que "ninguno de los magistrados había pedido el amparo". Preguntado si el texto votado era una declaración institucional o de amparo, Varela tuvo que reconocer que era una declaración institucional, por lo que el CGPJ puede pronunciarse sin que los magistrados afectados pidan amparo. Otras fuentes indicaron que el sector contrario a apoyar a los dos magistrados alegó que el tercer integrante del tribunal, José Manuel Martínez-Pereda, "también había recibido insultos".

Apoyo de las asociaciones

Sin embargo, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, mostró su apoyo a la declaración institucional para defender a García Ancos y Bacigalupo y pidió la reintroducción del delito de desacato en el Código Penal "para proteger al juez de los apasionamientos de las partes". El portavoz de esta asociación significó que las críticas a los motivos de una sentencia pueden aceptarse, pero no si aluden directamente a personas.

El portavoz de la asociación centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez, se pronunció también por la tipificación del desacato para las críticas insultantes a magistrados: "No tiene sentido que una autoridad, en el ejercicio de sus funciones se vea injuriada y vituperada de la forma más infame y que esa conducta no tenga posibilidad de ser corregida".

Simultáneamente a esta declaración, el Tribunal Supremo comunicaba al CGPJ la sentencia condenatoria de Liaño, "a los efectos que proceda". Según fuentes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces no tomará ninguna decisión sobre el caso Liaño hasta el martes, día en que se reúne la Comisión Permanente, en la que se abordará la expulsión de Liaño de la carrera judicial.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista solicitaba en la Comisión de Justicia del Congreso una próxima comparecencia del presidente del CGPJ para que informe sobre "el ataque sin precedentes al que están siendo sometidos García Ancos y Bacigalupo desde la publicación de esa sentencia". Además de esta petición, el caso Liaño provocaba ayer en el pleno de la Cámara un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el PSOE, informa Javier Casqueiro. Álvaro Cuesta preguntó a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, qué "arma cargada por el diablo" había disparado desde el Gobierno el acoso al grupo Sogecable y qué alto cargo del Ejecutivo había encargado el informe sobre el grupo que provocó el proceso judicial. Cuesta parafraseó a un juez italiano para sostener que "nadie está libre de que se cruce en su camino un juez facineroso" y acusó al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, y al Gobierno de no ser en este asunto "inocentes, sino indecentes".

La ministra replicó que el Ejecutivo ya ha respondido cuatro veces (mayo, septiembre y octubre de 1997 y julio de 1998) de la misma manera a esta cuestión: el polémico informe jamás ha existido. Y retó a los socialistas a que, si tienen pruebas de lo contrario, las aporten. "No jueguen con fuego, porque se pueden quemar", dijo.

El departamento de Mariscal ha abierto ya el expediente de indulto solicitado por el juez Gómez de Liaño, y se dispone a requerir los informes pertinentes al tribunal juzgador y al fiscal. Ayer mismo, un tío del ex juez Liaño iniciaba una recogida de firmas en Salamanca para promover el indulto, informa Ignacio Francia. El ex juez tiene gran parte de su familia en Salamanca y posee propiedades en Peñaranda de Bracamonte.

Entre quienes son favorables al indulto de Liaño se encuentra el PNV, cuyo presidente, Xabier Arzalluz, cenó en la noche del martes en Madrid con el ex juez inhabilitado, al que expresó la solidaridad de su partido, informa Europa Press. Arzalluz criticó la sentencia del Supremo el mismo día que se hizo pública.